COLABORACIÓN INVITADA/NIZALEB CORZO/ULTIMÁTUM
El país discute una palabra mientras el mundo discute una política energética.
Pocas palabras detonan un reflejo tan uniforme en la conversación pública mexicana como fracking. Basta pronunciarla en una sobremesa, en un foro universitario o en un set de televisión para que la discusión se desplace —casi sin escalas— hacia un territorio moral.
De un lado, quienes la invocan como sinónimo de contaminación, sismicidad inducida y captura del Estado por intereses trasnacionales. Del otro, quienes la proponen como la llave mágica que devolvería al país la autosuficiencia energética perdida.
Entre ambas posiciones existe un espacio incómodo, estrecho y casi deshabitado: el del análisis.
El debate mexicano sobre la fractura hidráulica lleva más de una década atrapado en esa geometría binaria. La izquierda política la convirtió en bandera simbólica, útil para dibujar una frontera moral entre un pasado neoliberal presuntamente entreguista y un presente soberanista. La derecha, o lo que queda de ella articuladamente, la defiende más por contraste ideológico que por convicción técnica. Las voces ambientalistas, legítimas en sus preocupaciones, han terminado por ocupar casi todo el oxígeno mediático, mientras los expertos energéticos —los pocos que aún conservan tribuna— son acusados, según el día y el interlocutor, de ingenuos o de cómplices.
Y mientras tanto, México importa cada año más gas natural del que produce, con una dependencia que ya roza niveles incómodos para cualquier país que aspire a llamarse soberano.
Conviene detenerse un momento y observar cómo se discute esta tecnología en otras latitudes. No para copiar recetas, sino para medir la distancia entre nuestra conversación y la del resto del mundo.
En Estados Unidos, el fracking no es objeto de un debate existencial. Es el motor silencioso que convirtió al país en el mayor productor de hidrocarburos del planeta y, paradójicamente, en uno de los que más ha reducido emisiones de CO₂ en la última década, al desplazar carbón por gas natural. En Argentina, Vaca Muerta —el yacimiento no convencional más ambicioso de América Latina— sostiene buena parte de la política energética de un país que entendió hace tiempo que el shale podía ser una palanca de divisas. Canadá regula la fractura hidráulica con estándares ambientales rigurosos y la combina con una transición energética planificada. Colombia la ha debatido con pilotos acotados y comisiones técnicas independientes. Y China, con su pragmatismo habitual, explora sus propias cuencas de shale porque entiende que la seguridad energética es condición de posibilidad del resto de sus ambiciones.
En ninguno de estos países la discusión se ha reducido a un sí o un no. Se discute dónde, cómo, con qué agua, con qué tratamiento de residuos, con qué régimen fiscal, con qué participación comunitaria y con qué horizonte temporal. Se discute, en suma, una política pública.
En México, en cambio, seguimos discutiendo un sustantivo.
Lo digo con la cautela de quien ha mirado estas cosas desde dentro. En mis años en Petróleos Mexicanos me tocó conocer de cerca el caso del Paleocanal de Chicontepec, esa provincia geológica enorme y frustrante que atraviesa Veracruz y Puebla. Teníamos el hidrocarburo. Sabíamos dónde estaba. Y aun así, cada barril costaba más de lo que valía.
Chicontepec terminó siendo una lección incómoda: los recursos energéticos complejos no se explotan con discursos ni con decretos. Se explotan con tecnología, con regulación y con decisiones estratégicas capaces de sobrevivir a los ciclos políticos.
El dilema estratégico real que enfrenta México hoy no es si el fracking es bueno o malo en abstracto. Es otro, más incómodo y menos fotogénico.
Por un lado, somos un país cuya demanda eléctrica crece empujada por el nearshoring, por la electrificación gradual del transporte y por una transición energética que —nos guste o no— seguirá dependiendo del gas natural como combustible puente durante al menos dos décadas. Por otro, importamos cerca del setenta por ciento del gas que consumimos, casi todo proveniente de Texas, donde buena parte se extrae justamente mediante fractura hidráulica.
Es decir, México ya consume gas de fracking todos los días. Lo único que ha decidido es no producirlo.
Esa es, si se mira sin sentimentalismos, una forma peculiar de soberanía energética: delegar el costo ambiental y técnico en el vecino, pero pagar la factura en dólares y en vulnerabilidad estratégica.
A ello se suma una tercera capa, la transición energética. Nadie serio discute ya que el futuro es renovable. Pero tampoco nadie con responsabilidad operativa ignora que esa transición tomará décadas, que requerirá respaldo térmico estable y que los países que lleguen primero a ella serán aquellos que hayan administrado con inteligencia sus recursos de transición.
Alemania intentó el atajo moral —cerrar nucleares y carbón al mismo tiempo— y terminó dependiendo del gas ruso hasta que la historia le recordó lo caro que puede salir confundir deseo con estrategia.
México tiene, en teoría, una de las reservas de shale gas más importantes del mundo en la cuenca de Burgos y en Sabinas-Burro-Picachos. No digo que debamos explotarlas mañana. Digo que no discutirlas seriamente es una decisión con consecuencias, y que esa decisión merece tomarse con los ojos abiertos, no por omisión ni por comodidad retórica.
Si el debate público aspira a ser algo más que un ritual de reafirmación tribal, tendrá que moverse de lugar. La pregunta útil no es fracking sí o fracking no. Es qué tipo de regulación seríamos capaces de construir; qué estándares ambientales —comparables a los de Canadá o Colorado— estaríamos dispuestos a imponer; qué régimen hídrico, sísmico y comunitario tendría que acompañar cualquier operación; qué instituciones técnicas independientes podrían vigilarla sin capturas políticas; y qué horizonte de transición definiríamos para que el gas no convencional fuera puente, no destino.
Esa conversación es más difícil, desde luego. Exige leer, exige matizar y exige resistir la tentación de la consigna. Pero es la única que produce política pública en lugar de trincheras.
México ha tenido —como en Chicontepec— recursos complejos durante décadas. Lo que no siempre ha tenido es la disposición a discutirlos con seriedad técnica.
El fracking es apenas la prueba más reciente de esa dificultad nacional para separar el diagnóstico del ruido ideológico.
Y sin embargo, la energía no espera.
Cada invierno texano, cada pico de demanda eléctrica y cada contrato de importación renegociado nos recuerda algo incómodo: las decisiones que un país no toma también tienen consecuencias.
Solo que entonces las toma alguien más… y nosotros pagamos la cuenta.
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Nizaleb Corzo es fundador de Corzo Diez y Asociados, presidente de Grupo Corzo Energía, y autor de «Arquitectura o inercia: Gobierno corporativo para Consejos que quieren elegir su destino, no recibirlo».