COLABORACIÓN/INVITADA SR. SMITH
En política hay momentos donde los problemas no llegan en fila, llegan en bola. Y cuando eso pasa, no es casualidad: es síntoma.
Al alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, parece que el calendario se le adelantó… y también las consecuencias. Porque mientras insiste en posicionarse rumbo a una eventual reelección —aunque oficialmente “aún no son tiempos”—, el terreno legal ya comenzó a moverse bajo sus pies.
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas ha aceptado la denuncia interpuesta por el llamado Abogado del Pueblo, Manuel de Jesús Cruz Espinosa, por presuntos actos anticipados de campaña. No es un señalamiento menor. Es, en términos políticos, el inicio formal de un conflicto que deja de ser percepción para convertirse en expediente.
Y cuando el árbitro entra en escena, el juego cambia.
La autoridad electoral no solo admitió la queja: ya solicitó al alcalde un informe detallado de sus actividades. Es decir, no se trata únicamente de un señalamiento mediático o de grilla de café. Se trata de una revisión institucional que obliga a documentar, explicar y, sobre todo, justificar.
Ahí es donde empieza el verdadero problema.
Porque una cosa es hacer política desde el cargo —algo inevitable— y otra muy distinta es utilizar recursos públicos con una intención electoral anticipada. La línea es delgada, sí, pero existe. Y cuando se cruza, deja huella.
Tuxtla no es ajena a este tipo de prácticas. Durante años, la ciudadanía ha observado cómo los tiempos legales se vuelven una mera formalidad frente a la urgencia de quienes buscan perpetuarse en el poder. Pero también es cierto que el contexto ha cambiado: hoy hay mayor vigilancia, mayor exposición y, sobre todo, menor tolerancia social.
El ciudadano ya no solo observa. Archiva.
Por eso este caso tiene un ingrediente adicional: el juicio público. Más allá de lo que determine la autoridad electoral, hay una percepción que ya empezó a construirse. Y en política, la percepción suele pesar tanto como la resolución.
Ángel Torres no llega a este momento en su mejor escenario. Su administración ha sido señalada por opacidad, por decisiones cuestionables y por una narrativa que no termina de conectar con la ciudadanía. A eso se suma el ruido político: actores que resurgen, nombres que vuelven a sonar, y un entorno donde la competencia ya no es discreta, sino abierta.
En ese contexto, una denuncia por actos anticipados no es un accidente. Es gasolina.
Porque abre la puerta a que se revise todo: eventos, discursos, programas, apariciones públicas, uso de imagen institucional. Cada acción puede ser reinterpretada bajo una nueva lupa.
Y esa lupa no es amable.
El riesgo para el alcalde no es solo jurídico; es político. Porque incluso si logra salir bien librado en términos legales, el desgaste ya está en marcha. La narrativa de que “se adelantó” o de que “está usando el cargo para promoverse” difícilmente se borra con un documento entregado al instituto electoral.
Se combate con credibilidad.
Y ahí está el verdadero dilema: cuando la confianza es frágil, cualquier señalamiento crece más de lo que debería.
“Ay Ángel, todas se te juntan” no es solo una frase coloquial. Es la fotografía de un momento político complicado. Porque mientras intenta sostener su proyecto de continuidad, enfrenta cuestionamientos legales, desgaste mediático y un entorno donde otros actores comienzan a ocupar espacio.
Y en política, el espacio que dejas… alguien más lo toma.
Lo que sigue no será discreto. Si el proceso avanza, el debate tendrá que darse de frente. Con argumentos, con pruebas y con exposición pública. Justo ahí, donde más pesa: frente a la sociedad tuxtleca.
Esa misma sociedad que observa cómo se usan los recursos, cómo se construyen las aspiraciones y cómo, muchas veces, los tiempos legales se vuelven incómodos para quienes tienen prisa.
Hoy hay tiro.
Pero no solo en lo jurídico. También en lo político.
Y en ese terreno, ganar no siempre depende de lo que diga la ley… sino de lo que ya cree la gente.