COLABORACIÓN INVITADA/NIZALEB CORZO
En algún comité de inversión, en alguna ciudad que no es la nuestra, alguien está cerrando una hoja de cálculo donde México aparece en la segunda columna de una tabla. Ese analista no leyó el discurso presidencial de anoche. No vio la conferencia matutina. No siguió el debate sobre soberanía energética. Leyó una tabla. Y en esa tabla, alguien más ya decidió por nosotros.
Durante años creímos que los inversionistas nos veían. La verdad más incómoda es otra: nos comparan. Y la diferencia entre que te vean y que te comparen es, a fin de cuentas, la diferencia entre un país y una variable.
Los comités de inversión de los corporativos globales no funcionan como los imagina la narrativa pública. No hay una sala donde alguien presenta una oda a México y otro defiende a Vietnam. Hay un memo. Dos páginas. Seis columnas. México aparece ahí junto a Vietnam, Polonia, India, Marruecos y, cada vez más, el sureste de Estados Unidos.
Las filas se llaman certidumbre regulatoria, costo de capital ajustado por riesgo, confiabilidad energética, estabilidad judicial, riesgo político sexenal, exposición arancelaria. Las celdas se llenan con números, no con adjetivos. Nadie discute si México es “el socio natural”. Esa frase no cabe en una celda.
Lo que sí cabe es el tiempo promedio para obtener una conexión a la red eléctrica. La probabilidad ponderada de que un permiso ambiental sea revocado por razones no técnicas en los siguientes cuatro años. El diferencial de tasa que un banco de inversión exige para financiar un proyecto en jurisdicción mexicana frente a uno idéntico en Texas.
Esos números existen. Se actualizan cada trimestre. Se discuten en reuniones donde nadie tiene interés en ofender a México y nadie tiene interés en salvarlo.
Quien ha estado del otro lado de ese escritorio sabe algo que los discursos oficiales no admiten: el capital global dejó hace tiempo de preguntarse quién es el mejor candidato. Lo que pregunta es quién sobrevive al proceso de descarte.
Y el descarte es silencioso.
No genera comunicados. No hay conferencia de prensa donde un comité anuncie que México fue excluido de la lista corta. Simplemente, la siguiente planta se construye en Penang, o en Łódź, o en Tánger, y nadie en la Ciudad de México se entera de que hubo una decisión.
La conversación nacional, mientras tanto, sigue atrapada en una coreografía anterior. Discutimos si estamos “aprovechando el nearshoring” como si el verbo mismo no revelara el problema. Se aprovecha una oportunidad cuando uno es el sujeto de la acción. Cuando uno es el objeto, lo que se hace es esperar.
Y esperar es exactamente lo que no aparece bien en ninguna columna del memo.
Hay un detalle que quienes redactan esos documentos saben y que en México todavía no terminamos de procesar. La reforma judicial aprobada el año pasado no se evaluó en Nueva York como una reforma política; se evaluó como una modificación al costo de capital.
No importa si uno coincide o no con el diagnóstico. Lo relevante es que, en el mundo donde se toman las decisiones que importan, esa reforma ya está incorporada al precio. Ya está en la celda. Ya no se discute. Se factura. Y el diferencial se paga, proyecto por proyecto, durante los próximos quince años.
Lo mismo ocurre con la revisión del T-MEC, que arranca formalmente el 25 de mayo. En México todavía se discute si será renegociación o revisión, si Trump endurecerá o cederá, si Sheinbaum mostrará firmeza o flexibilidad. En los memos, ese debate ya está resuelto con una palabra fea pero precisa: volatilidad.
La volatilidad no es buena ni mala. Es cara. Y el capital paciente —el que construye fábricas pensadas para operar quince o veinte años— no invierte donde la volatilidad no tiene techo identificable.
Aquí está el punto incómodo. Los países que están capturando los proyectos que México cree suyos no son países con mejor geografía, ni con mejor mano de obra, ni con mejor red de tratados. Son países que han hecho algo mucho más aburrido: han estabilizado su memo.
Polonia no es fascinante; es predecible.
Vietnam no es barato; es consistente.
Marruecos no tiene frontera con Estados Unidos; tiene un gabinete económico que no cambia de doctrina cada sexenio.
Esas son las variables que compiten contra nosotros.
Y no competimos mal por falta de talento o de recursos. Competimos mal porque seguimos creyendo que el memo se escribe en español.
El costo de esta desconexión no es retórico. Por cada proyecto que finalmente aterriza en México, hay varios que fueron evaluados con seriedad y terminaron en otra jurisdicción. Esa asimetría no aparece en las presentaciones oficiales, pero sí en los registros internos de las consultoras globales que asesoran esas decisiones.
Cada uno de esos proyectos representa entre doscientos y mil quinientos empleos industriales que no se crearon, una cadena de proveedores que no se activó, una base fiscal que no creció.
Son pérdidas invisibles.
Y por invisibles, profundamente estructurales.
El país que aprende a leer los memos que se escriben sobre él tiene una ventaja sobre el país que solo lee los que se escriben desde él.
La primera tarea de cualquier política industrial seria —antes que el Plan México, antes que la promoción de inversión, antes que el discurso del nearshoring— es entender el formato en el que nos están evaluando.
No para obedecer todo lo que pide.
Sino para saber qué estamos dejando de decidir cuando no decidimos.
El capital no pide permiso para compararnos.
Solo pide una cosa: que alguien, del lado mexicano, esté leyendo el mismo memo.