Sr. Smith/Ultimátum
Hubo un tiempo en Chiapas —no tan lejano— en el que la realidad parecía tener dos versiones: la que se vivía en las calles y la que se contaba desde el poder. Mientras en algunos municipios se hablaba de enfrentamientos, bloqueos o desplazamientos, la narrativa oficial prefería otro enfoque. Si hacía frío, se informaba el frío. Si llovía, se informaba la lluvia. Pero de la violencia, poco. O nada.
No es que no pasara.
Es que no se decía.
Y cuando un gobierno decide callar lo incómodo, no construye paz: construye incertidumbre. Porque la gente no es ingenua. La gente ve, escucha, siente. Y cuando lo que vive no coincide con lo que le dicen, lo que se rompe no es solo la credibilidad… es la confianza.
Por eso hoy, aunque suene contradictorio, se agradece algo básico: que se informe.
En las últimas semanas, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, ha salido a dar la cara y a poner datos sobre la mesa. No versiones edulcoradas, no silencios estratégicos, sino información concreta: enfrentamientos en Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza, personas fallecidas —con cifras, no con evasivas—, líneas de investigación que apuntan a grupos armados, detenciones específicas derivadas de operativos en Tapachula, incluso el señalamiento directo del narcomenudeo como móvil en el ataque dentro de un bar.
¿Es duro escuchar esto? Sí.
¿Es incómodo? También.
Pero es necesario.
Porque la paz no es solo la ausencia de violencia. La paz también es saber qué está pasando. Es tener claridad. Es no vivir en la simulación.
Durante el gobierno de Rutilio Escandón, la estrategia de comunicación optó por otra ruta: minimizar, suavizar o de plano ignorar episodios que, con el tiempo, terminaron saliendo por otras vías. La consecuencia fue evidente: una percepción de inseguridad que creció no solo por los hechos, sino por la sensación de que nadie estaba explicando nada.
Hoy, con Eduardo Ramírez Aguilar al frente, al menos en este rubro, la lógica parece distinta. No se trata de decir que todo está resuelto —porque no lo está—, sino de no tapar el sol con un dedo. De asumir que los problemas existen y que deben enfrentarse, no esconderse.
Y los datos comienzan a acompañar esa narrativa. De acuerdo con mediciones recientes, Tuxtla Gutiérrez pasó del cuarto lugar nacional en percepción de inseguridad hasta la posición 43. Tapachula, que llegó a ocupar el primer lugar, hoy muestra una disminución considerable en esa percepción. Además, la capital suma 58 días sin homicidio doloso.
¿Es suficiente? No.
¿Es definitivo? Tampoco.
Pero sí marca una diferencia.
Porque una cosa es construir una narrativa optimista sin sustento, y otra muy distinta es respaldar el discurso con cifras, con operativos, con detenciones y con procesos judiciales en marcha.
La comunicación en seguridad no es un asunto menor. Es, en muchos sentidos, una política pública en sí misma. Decir o no decir cambia la manera en que la sociedad percibe su entorno. Y en un estado donde durante años se administró el silencio, comenzar a nombrar la realidad —aunque incomode— es un giro que vale la pena señalar.
Qué bueno que hoy se diga lo que pasa.
Qué bueno que ya no nos quieran vender una paz que no se sentía en las calles.
Porque la gente no necesita discursos maquillados. Necesita certezas. Necesita saber a qué se enfrenta, quién responde y qué se está haciendo.
La certidumbre no elimina el miedo, pero lo ordena.
Y en contextos de violencia, eso ya es un avance.
Porque la paz no se decreta.
No se comunica en boletines optimistas.
No se construye desde el silencio.
La paz empieza cuando la verdad deja de esconderse.
Y en Chiapas, después de tanto tiempo, eso —aunque parezca poco— ya es mucho.