FILIPICAS /PACO RAMÍREZ
I. Morena: hegemonía con fisuras
A año y medio de haber arrasado en las urnas, Morena sigue siendo el partido con mayor intención de voto en el país, pero las encuestas de 2026 revelan un desgaste real. De acuerdo con mediciones recientes de Buendía & Márquez, el partido guinda bajó de 46% de intención de voto en febrero de 2025 a apenas 34% en febrero de 2026. No es un derrumbe, pero sí una señal de advertencia que sus propios estrategas no pueden ignorar.
El problema de fondo no es la oposición —todavía fragmentada e impotente— sino las grietas dentro de la propia coalición gobernante. El PT y el Partido Verde Ecologista de México, aliados indispensables para mantener la mayoría calificada en el Congreso, han comenzado a exigir candidaturas propias, más recursos y autonomía territorial de cara a 2027. En Veracruz, el PT compitió en solitario en municipios y conquistó 28 alcaldías. En San Luis Potosí, el Verde impulsa la candidatura de Rut González —esposa del gobernador Ricardo Gallardo— en abierta fricción con Morena. En la Ciudad de México, el Verde analiza ir solo en alcaldías clave.
La reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum —que reduce diputados plurinominales y recorta el financiamiento a los partidos— agravó la tensión: sin pluris, PT y Verde perderían escaños automáticos y recursos. Necesitan esos espacios para sobrevivir como organizaciones políticas autónomas. La paradoja es mayúscula: el mismo instrumento legislativo que Morena necesita aprobar depende de los votos de sus aliados, quienes se resisten a firmar su propio certificado de defunción.
Hacia 2027, el escenario más probable es que Morena conserve la presidencia de la República —con Claudia Sheinbaum gobernando hasta 2030— y gane entre 13 y 15 de las 17 gubernaturas en disputa, pero que pierda la mayoría calificada en la Cámara de Diputados si la coalición se fractura. Sin esa mayoría, la agenda legislativa de Sheinbaum quedaría paralizada. Ese es el verdadero riesgo: no perder el poder, sino perder la capacidad de ejercerlo.
II. La oposición: ¿espejo o alternativa real?
El PRI, el PAN y sus posibles aliados enfrentan una pregunta existencial: ¿pueden ganarle a Morena o solo aspiran a sobrevivir como fuerzas regionales? La respuesta honesta, a la luz de las encuestas disponibles, es que la segunda opción es la más probable en el corto plazo, aunque con matices importantes.
El PAN ha sido el partido que más ha recuperado terreno: pasó de 7% a 14% de intención de voto entre febrero de 2025 y febrero de 2026, disputando con Movimiento Ciudadano la segunda posición. Conserva presencia territorial real en estados como Querétaro, Aguascalientes y Chihuahua. Su problema es estructural: le falta liderazgo nacional unificado y debe resolver la tensión entre su ala conservadora y sus sectores moderados antes de construir una narrativa electoral coherente.
El PRI, en cambio, atraviesa la crisis más profunda desde el año 2000. Estructuras enteras migran a otros partidos —como el Verde o Morena— y el rechazo ciudadano asociado a la corrupción histórica no cede. Las encuestas son lapidarias: sin alianza, el PRI no ganaría ninguna de las 17 gubernaturas de 2027. Con alianza —ya sea con el PAN o con MC— podría conservar Querétaro y competir en dos o tres entidades más. Su supervivencia como partido nacional depende de su capacidad para negociar coaliciones, no de su propio peso electoral.
La ecuación matemática es clara: una alianza PAN-MC ganaría en al menos cinco estados; si el Verde se sumara a esa coalición, alcanzaría casi 50% de la intención de voto frente a 34% de Morena-PT. Pero construir ese frente amplio requiere superar diferencias ideológicas, territoriales y de egos políticos que, históricamente, han naufragado al primer obstáculo. La oposición mexicana tiene los números pero no la disciplina. Morena tiene ambos —por ahora.
III. El Mundial: vitrina y trampolín, pero también riesgo
A menos de 40 días de que arranque la Copa del Mundo 2026 —con México como co-anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, y partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey—, el gobierno de Claudia Sheinbaum vive una contradicción peculiar: el evento más grande de la historia del deporte mexicano puede ser su mayor carta de legitimidad o su talón de Aquiles.
La presidenta ha insistido en que el Mundial «se va a realizar», que no existe ninguna notificación de suspensión y que los planes de seguridad están completos. La FIFA, por su parte, confía en la organización mexicana pero advierte que esa confianza «no es un cheque en blanco». Los repechajes realizados en marzo en Guadalajara y Monterrey —con asistencias de entre 33 mil y 50 mil personas— funcionaron como prueba de fuego que el gobierno superó con calificación aprobatoria.
Sin embargo, el contexto de seguridad complica el optimismo oficial. El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mecho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, desató una violencia que sacudió precisamente a la sede mundialista de Guadalajara. El aumento de 400% en homicidios en Sinaloa tras la captura de «El Mayo» Zambada sigue sin resolverse. Y la presencia —confirmada y fatal— de dos agentes de la CIA en un operativo antidrogas en territorio mexicano tensó la relación bilateral justo cuando el gobierno necesita estabilidad.
El Mundial puede beneficiar a Sheinbaum con un efecto de unidad patriótica— que eleve temporalmente su popularidad. Pero cualquier incidente de seguridad mayor durante los partidos, desde un atentado hasta una balacera en zona turística, se convertiría en el emblema del fracaso de su estrategia de pacificación. El gobierno tiene más que ganar si el Mundial sale bien, pero también más que perder si sale mal. No hay opción intermedia.
IV. Las extradiciones: Trump aprieta, Sheinbaum balancea
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales por narcotráfico y nexos con el crimen organizado contra diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos, encabezados por Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones de Sinaloa, a quien acusan de proteger a «Los Chapitos» —la facción dominante del Cártel de Sinaloa—. La lista incluye al senador Enrique Inzunza Cázares, al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y al vicefiscal estatal Dámaso Castro Zaavedra, entre otros.
La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió las solicitudes de detención provisional con fines de extradición y las turnó a la Fiscalía General de la República, la cual advirtió de inmediato que la documentación enviada por Washington no incluye elementos probatorios suficientes conforme a la ley mexicana. La FGR tiene razón en términos procesales: el Tratado de Extradición bilateral exige pruebas que acrediten la probable comisión de los delitos bajo el estándar mexicano. Pero los analistas apuntan que ese argumento técnico puede convertirse fácilmente en un escudo político.
El caso Rocha Moya tiene, además, una barrera constitucional adicional: el gobernador goza de fuero. Para que México pueda proceder, la Cámara de Diputados tendría que votar un juicio de procedencia que le retire la inmunidad, o bien, el propio Rocha tendría que renunciar. Ninguno de los dos escenarios es políticamente sencillo: el primero requiere que Morena vote en contra de su propio gobernador, y el segundo supone que el inculpado colabore voluntariamente con su propia ruina.
La politóloga Denise Dresser lo resumió con claridad: el caso coloca a Sheinbaum «contra la pared». Si coopera plenamente con EU, cede soberanía y da municiones a quienes la acusan de doblegarse ante Trump. Si se niega, enfrenta sanciones, aranceles, cancelación de visas y la posibilidad de que Washington designe a México como Estado permisivo con el narco. La presidenta respondió exigiendo pruebas y recordando que México también tiene solicitudes pendientes de extradición de empresarios vinculados al huachicol que EU no ha resuelto. Es un movimiento defensivo inteligente, pero no resuelve el fondo del problema.
V. Más funcionarios, más empresarios: el iceberg apenas asoma
El caso Rocha no es un hecho aislado. Es la superficie visible de una estructura de complicidades que atraviesa múltiples niveles del poder político y económico mexicano. La investigación que derivó en las acusaciones formales del Distrito Sur de Nueva York llevaba construyéndose desde al menos 2023, según periodistas de investigación que cubrieron el caso desde sus primeras filtraciones. Eso significa que hay expedientes en construcción, testigos protegidos y cooperantes que ya declararon ante el gran jurado federal. Lo que vino el 29 de abril es apenas el primer acto.
La pregunta no es si habrá más nombres, sino cuántos y de qué nivel. La metodología del Departamento de Justicia de EU en estos casos ha sido consistente: una vez que se abre una investigación de esta naturaleza, tiende a expandirse hacia los eslabones que financiaron, protegieron o se beneficiaron de la red criminal. Eso incluye no solo a políticos sino a empresarios, constructores, operadores financieros y exfuncionarios con contratos públicos. El patrón ya fue documentado en casos previos como el del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos Zepeda —que EU devolvió a México bajo presión diplomática, para vergüenza de la FGR— y el del exgobernador César Duarte.
En este contexto, la arquitectura de impunidad que por décadas protegió a funcionarios corruptos en México enfrenta una amenaza externa que los mecanismos internos no han podido o no han querido combatir. La corrupción sistemática —ese entramado donde el político da contratos al empresario, el empresario financia campañas y ambos comparten el favor del grupo criminal que garantiza «paz» territorial— no es un vicio anecdótico: es la columna vertebral de la gobernanza de muchas regiones del país.
Si México ignora sistemáticamente las solicitudes de extradición, el costo diplomático y económico será creciente: más cancelaciones de visas a funcionarios, posibles sanciones del Tesoro de EU bajo la Ley Magnitsky, tensiones en la renegociación del T-MEC y una narrativa internacional que presenta al gobierno mexicano como cómplice pasivo del narcotráfico. Si las acepta sin condiciones, cede un principio de soberanía que cualquier gobierno mexicano defendería ante su propia base política. El camino estrecho que queda es el de la cooperación condicionada a pruebas y procesos legales transparentes, con resultados reales —no de vitrina— ante la opinión pública interna y externa.
El escenario más probable en el mediano plazo es que la lista de diez se convierta en veinte, que aparezcan nombres de empresarios con contratos de obra pública o concesiones de telecomunicaciones vinculados a estructuras de lavado, y que el debate sobre la colusión entre poder político, poder económico y crimen organizado domine la agenda nacional durante los meses previos a la campaña de 2027. Morena tendrá que decidir si eso la fortalece —como partido que limpia su propio patio— o la hunde, si los señalados resultan ser piezas demasiado importantes de su estructura de poder territorial.
México vive en 2026 una confluencia de presiones que rara vez se alinean simultáneamente: una oposición que comienza a recuperar el aliento, aliados de la coalición que negocian su autonomía con la amenaza de abandonar el barco, un Mundial que puede ser vitrina o veredicto, y una ofensiva judicial de EU que expone las costuras del sistema de impunidad. Sheinbaum tiene los números —y por ahora la legitimidad— para navegar esta tormenta. Pero los márgenes de error se reducen con cada semana que pasa.