FILIPICAS/PACO RAMÍREZ/ULTIMÁTUM
El partido que llegó al poder prometiendo ser diferente enfrenta hoy una paradoja que sus propios fundadores habrían denunciado: gobernadores acusados de narcotráfico, simpatizantes que se alejan en silencio y una dirigencia que responde a las acusaciones con el manual del sistema que decía haber superado.
El detonante: acusaciones desde Nueva York
El 29 de abril de 2026, la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York presentó acusación formal contra Rubén Rocha Moya —gobernador de Sinaloa con licencia—, el senador morenista Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendivil y otros siete funcionarios sinaloenses. El cargo: participación en el narcotráfico en beneficio de ‘Los Chapitos’. La acusación va más lejos aún: señala que el crimen organizado intervino en la elección estatal de 2021 para garantizar la victoria de Rocha Moya en la gubernatura.
El 2 de mayo, el gobernador solicitó licencia para separarse del cargo. El Congreso de Sinaloa la concedió y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina. Al día siguiente, Morena celebraba su VIII Congreso Nacional Extraordinario sin la presencia de Rocha Moya, pero con sus correligionarios sinaloenses lanzándole porras desde el recinto.
Alertas del gobierno de Estados Unidos ponen bajo la lupa a casi 70 políticos de Morena por presuntos nexos con el narcotráfico.
La respuesta del partido: cierre de filas
La nueva dirigenta nacional, Ariadna Montiel —quien sustituyó a Luisa María Alcalde en la presidencia del partido— fijó la postura oficial con una frase que resume la estrategia adoptada: ‘Rechazamos la hipocresía de quienes lanzan acusaciones con fines políticos para abrir la puerta a la injerencia extranjera.’
En el mismo evento, la diputada Dolores Padierna descartó que las acusaciones se tradujeran en un revés electoral, mientras el senador Gerardo Fernández Noroña declaró confiar en el gobernador con licencia. Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, habló de ‘campañas de desprestigio’ y ‘apuestas externas por el desgaste del partido’.
La narrativa es conocida: las acusaciones externas son injerencia, los escándalos internos son operaciones del adversario. Es el mismo esquema que Morena criticó duramente cuando era oposición.
Los números no mienten: el éxodo silencioso
Más allá del caso Rocha Moya, las encuestas revelan un deterioro sostenido que precede al escándalo y que el escándalo amenaza con acelerar.
La intención de voto por Morena cayó del 46% en febrero de 2025 al 34% en febrero de 2026, según Buendía & Laredo. La encuestadora Enkoll registró una caída similar: de 61% a 54% en la preferencia efectiva.
La proporción de mexicanos que se consideran ‘de Morena’ pasó del 45% al 34% en un año. La opinión positiva del partido cayó de 70% a 54% en el mismo periodo —una pérdida de 21 puntos—. Pero el dato más significativo no es hacia dónde se van estos simpatizantes, sino adónde no van: el segmento que más crece en México es el de los independientes, que pasó del 33% al 42% de la población.
Quien abandona Morena no está yéndose al PAN ni al PRI. Se está yendo a ningún lado, lo que en política equivale a decir que está disponible para cualquier oferta que le resulte creíble.
En una encuesta de El Financiero, el 44% de los ciudadanos señaló que la principal falla de Morena es la corrupción. El 22% criticó el abuso de poder.
La fractura interna que la cúpula minimiza
El Congreso Nacional del 3 de mayo mostró una unidad cuidadosamente escenificada, pero las tensiones internas son reales. La salida de Adán Augusto López de la dirigencia es una señal de la apuesta de Sheinbaum por construir un proyecto propio de cara a 2027, distanciándose gradualmente de los operadores del expresidente López Obrador. La purga es lenta, pero avanza.
Afuera del recinto, militantes de base exigían ‘piso parejo’ para las candidaturas y pedían que los funcionarios en activo renuncien antes de competir en las encuestas internas. La brecha entre la cúpula y la militancia real es otro síntoma del desgaste.
El poder que permanece: los programas sociales
A pesar de todo, Morena conserva ventajas estructurales que ningún escándalo ha erosionado todavía. La llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia implica que el padrón de 43 millones de beneficiarios de programas sociales queda formalmente articulado con el aparato electoral del partido. La brecha entre beneficiarios y no beneficiarios en términos de aprobación presidencial se amplió de 14 a 24 puntos en el último año.
La oposición, por su parte, no ha logrado capitalizar el momento. El PAN pasó del 7% al 14% de intención de voto —recuperación notable, pero insuficiente—. Una alianza PRI-PAN-MC para 2027 sigue siendo más una aspiración que una realidad: el PAN mantiene su negativa a coaligarse y Movimiento Ciudadano guarda un silencio ambiguo.
La pregunta que el partido no quiere responder
La ‘autoridad moral’ fue el principal activo político de la Cuarta Transformación desde sus orígenes. No era solo un slogan: era la razón por la que millones de mexicanos votaron por primera vez por un partido que decía ser distinto. Cada gobernador que traiciona esa promesa no solo compromete su cargo; compromete la narrativa que dio sentido al movimiento.
Morena puede sobrevivir políticamente al caso Rocha Moya. Tiene los recursos, la estructura y el apoyo presidencial para hacerlo. Lo que es más difícil de recuperar es la confianza de ese 42% de ciudadanos que ya decidió no identificarse con nadie.
Esa ciudadanía sin partido no es apatía. Es un diagnóstico. Y de momento, nadie en el espectro político mexicano parece tener la oferta para convertirla en esperanza.