FILIPICAS/PACO RAMÍREZ
El caso Rocha Moya, la visita de Sheinbaum a Chiapas y la primera gran crisis de Morena rumbo al 2027
El 1 de mayo de 2026, mientras el país procesaba la acusación más grave contra un gobernador en funciones que se tenga memoria en México, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó un vuelo con destino a Palenque. La agenda oficial señalaba la supervisión de la unión del Tren Interoceánico con el Tren Maya. Pero Palenque no es solo una obra. Palenque es también la sede de La Chingada, la finca donde se retiró Andrés Manuel López Obrador, el fundador del movimiento que gobierna México. La coincidencia de fechas —la licencia de Rubén Rocha Moya y el viaje presidencial al bastión obradorista— no pasó inadvertida para nadie.
El lunes 4, Sheinbaum salió a desmentir cualquier reunión con su antecesor. Lo hizo con ironía y molestia visible: «Ay, ya fue la presidenta a pedir línea. Para empezar, no tendría nada de malo que me reuniera con el presidente López Obrador. No me reuní». Añadió que las insinuaciones tienen «mucho rasgo de misoginia», como si la primera presidenta de México no tuviera capacidad para tomar sus propias decisiones. Lo que sí quedó documentado en video fue una reunión con Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, en un restaurante de Palenque. Una imagen que, en plena crisis de narcopólítica, tampoco es inocente.
El escándalo que Morena no puede contener
El 29 de abril, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York y el director de la DEA formalizaron cargos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios, todos de Morena: el alcalde de Culiacán, un senador en funciones, un vicefiscal y varios mandos policiales. La acusación describe un acuerdo político-criminal desde la campaña de 2021: Los Chapitos habrían apoyado a Rocha Moya robando boletas, intimidando votantes y secuestrando candidatos opositores. A cambio, el gobernador les habría brindado impunidad total y colocado funcionarios afines en estructuras clave del gobierno estatal. Es la primera vez en la historia moderna de México que un gobernador y un senador en funciones enfrentan una acusación formal de este calibre en Estados Unidos.
Pero lo más perturbador no es el caso Sinaloa en sí. Fuentes de agencias estadounidenses confirman que el Departamento de Justicia tiene expedientes abiertos contra al menos cuatro gobernadores y exgobernadores de Morena con líneas de investigación similares. El caso Rocha es apenas la primera pieza de lo que analistas describen como una caja de Pandora. Si esos expedientes se activan, el mapa político del 2027 —con 17 gubernaturas en juego— podría quedar irreconocible.
El Congreso de Morena y la silla vacía
El 3 de mayo, un día después de que el Congreso de Sinaloa aprobara la licencia de Rocha Moya, Morena celebró su VIII Congreso Nacional Extraordinario para elegir a su nueva dirigente. La silla reservada para el gobernador sinaloense en el presídium quedó vacía. Los organizadores se cuidaron de retirarla antes de que comenzara el acto. Nadie lo mencionó por su nombre. La nueva presidenta del partido, Ariadna Montiel, dedicó la parte medular de su primer discurso a lo que evidentemente todos los presentes ya sabían: «Si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no será candidato.» El aviso sonó más a exorcismo que a norma.
La ironía del evento fue mayúscula. Escuchaban ese discurso Mario Delgado —el artífice de la campaña que llevó a Rocha Moya al poder— y el senador Adán Augusto López, quien prefirió evadir a la prensa. También el gobernador tamaulipeco Américo Villarreal, otro nombre que ronda en las conversaciones sobre expedientes abiertos en Washington. Y «Andy» López Beltrán, el hijo del expresidente, quien se fundió en un abrazo largo con Montiel para dejar claro de qué lado de Palenque está la nueva dirigencia.
La lectura chiapaneca: lo que nos toca de cerca
Para Chiapas, este escándalo tiene al menos tres implicaciones directas. Primera: Palenque ya no es solo la sede del retiro de López Obrador. Es también el territorio desde donde, según el rumor político que Sheinbaum tuvo que salir a desmentir, se estaría orientando la política nacional. Si ese rumor persiste —con o sin base— Chiapas se convierte, paradójicamente, en el corazón simbólico de la crisis de Morena. Segunda: el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar recibió a Sheinbaum para inaugurar infraestructura del Tren Maya justo en ese fin de semana caliente. La imagen sirve para mostrar que el sureste sigue siendo el escaparate de la 4T, pero la sombra del escándalo nacional lo alcanza.
Tercera, y la más incómoda: si el patrón descrito en la acusación de Nueva York —captura criminal de procesos electorales, sobornos a funcionarios de seguridad, impunidad operativa— se replicó en otros estados, Chiapas no puede mirar el caso Sinaloa como un asunto ajeno. La presencia de grupos criminales en varias regiones de la entidad y los antecedentes documentados de violencia electoral en el sureste mexicano obligan a hacer la pregunta que nadie en el oficialismo quiere responder: ¿dónde más hay carpetas abiertas en Washington?
Morena enfrenta su primera gran crisis del nuevo sexenio. No es solo reputacional. Si los expedientes avanzan en Estados Unidos, Washington habrá convertido la narcopolítica en un arma geopolítica de largo alcance, y el partido gobernante llegará al 2027 sin su principal activo: el discurso de la superioridad moral. El dilema de Sheinbaum es simple en enunciado e imposible en ejecución: procesar a los suyos y asumir el costo interno, o resistir y entrar en ruta de confrontación con Trump justo cuando la revisión del T-MEC está a semanas de arrancar.
Lo que pasó en Palenque el 1 de mayo de 2026 —gira oficial, reunión con la secretaria de Anticorrupción, negativa de reunión con AMLO y licencia simultánea del gobernador de Sinaloa— quedará como uno de los momentos más densos del sexenio. No porque se haya probado nada. Sino precisamente porque no se probó nada, y la sospecha, en política, viaja más rápido que la verdad.