Habitantes de diversas colonias de Tuxtla Gutiérrez denuncian afectaciones graves a la salud, daños estructurales en viviendas y escuelas, así como ecocidio provocado por empresas trituradoras que operan sin cumplir la normativa correspondiente
Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum
TGZ. Eduardo Cancino Alcázar, José Luis Pérez Velázquez, Orbelín Ruíz González y Enrique López, vecinos de distintos ejidos, colonias y fraccionamientos de Tuxtla Gutiérrez, alzaron la voz ante una problemática que aseguran lleva años deteriorando su calidad de vida.
En La Entrevista con Ramiro Trejo, conductor de noticias de diario Ultimátum, denunciaron que las explosiones con dinamita utilizadas por empresas trituradoras de material pétreo generan vibraciones que han provocado daños visibles en viviendas y planteles educativos.
Las afectaciones alcanzan a un estimado de entre 8 mil y 10 mil personas, incluyendo estudiantes, trabajadores y familias enteras que habitan zonas como Copoya, Ampliación Terán, Santa Cecilia, Fraccionamiento Montesinos, Alianza Campesina, Antorcha Campesina, Real del Bosque, Bonanza Residencial y el complejo habitacional cercano a las viviendas del bienestar.
De acuerdo con los testimonios, las detonaciones no solo provocan grietas en paredes y estructuras, sino también episodios de pánico, especialmente entre menores de edad.
En la escuela primaria 20 de noviembre, por ejemplo, el personal docente ha reportado que durante las “voladuras” los estudiantes deben salir corriendo de sus aulas debido al temor que generan las explosiones.
Asimismo, dijeron que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNACH presentan daños en su infraestructura.
Aseguraron que personal de Protección Civil acudió en el pasado a inspeccionar las viviendas afectadas y prometió reducir el impacto de estas actividades; sin embargo, afirmaron que no se han implementado medidas efectivas.
OMISIONES Y POSIBLE CONFLICTO DE INTERESES
Más allá de las vibraciones, el problema se agrava con la contaminación ambiental generada por las trituradoras a cielo abierto, así como por actividades relacionadas con chapopote y concreto hidráulico.
El polvo y residuos afectan directamente la salud pública, dificultando incluso mantener limpias las viviendas o desarrollar actividades productivas como la apicultura, agricultura y ganadería.
Los denunciantes señalaron que estas empresas operan sin contar con el manifiesto de impacto ambiental requerido por las autoridades correspondientes, incumpliendo la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y aún así el ayuntamiento que encabeza ángel Torres Culebro les ha otorgado licencia para el uso de suelo.
Sostuvieron que han presentado denuncias ante autoridades ambientales y organismos de derechos humanos y, aunque en su momento se reconoció la necesidad de intervención, los vecinos alegan que no ha habido soluciones concretas.
En el último año, retomaron sus demandas ante el deterioro progresivo de la calidad del aire, que describieron como “insoportable”.
Denunciaron que las trituradoras operan dentro de áreas naturales protegidas, específicamente en el Cerro Mactumatzá y la Reserva Copoya, consideradas fundamentales para el equilibrio ecológico de la ciudad y la captación de agua de lluvia.
Enrique López relató que, ante la gravedad de la situación, se vio obligado a abandonar temporalmente su vivienda, aunque decidió regresar para defender su patrimonio.
ÁNGEL TORRES FINGE DEMENCIA
También acusaron a Ángel Torres Culebro de no atender sus demandas bajo el argumento de que el problema no es competencia del municipio y que no conoce a los empresarios.
Los vecinos refutan esta postura, señalando que es el propio ayuntamiento el que emite los permisos de uso de suelo para estas empresas.
Sugirieron la posible existencia de un conflicto de intereses, argumentando que varias de estas compañías han obtenido contratos relevantes en administraciones pasadas.
Denunciaron que las instituciones ambientales de los tres niveles de gobierno han sido omisas o han simulado acciones sin resultados tangibles.
Ante la falta de respuesta, los afectados han optado por la vía legal con el apoyo del abogado Rodolfo Domínguez Constantino, quien ha promovido un amparo por la omisión de las autoridades.
Paralelamente, han documentado los daños mediante videos y pruebas que han difundido en medios de comunicación.
Los vecinos también hicieron un llamado al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para que intervenga en la situación, apelando a su discurso de humanismo.
Advirtieron que, de no obtener solución favorable, convocarán a una manifestación pública para visibilizar el problema y exigir soluciones.