COLABORACIÓN INVITADA/SR. SMITH
Que se preocupe Rutilio Escandón. Y también todos los que aplaudieron, encubrieron, minimizaron o ayudaron a construir esa narrativa absurda de que en Chiapas “no pasaba nada” mientras el estado se incendiaba lentamente.
Porque lo que hoy ocurre en Sinaloa debería poner nerviosos a muchos en Chiapas.
Las recientes declaraciones de Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, no son cualquier cosa. Cuando afirma que “vendrán más” acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, el mensaje rebasa a Sinaloa. Es una advertencia política, judicial y diplomática. Y también un recordatorio brutal de que el tiempo cambia las narrativas, pero no desaparece los expedientes.
Durante años, en Chiapas quisieron vendernos una paz ficticia. Mientras había desplazados, enfrentamientos, retenes criminales, desapariciones y pueblos enteros paralizados por el miedo, el gobierno de Rutilio Escandón prefería hablar del clima, de la lluvia, del calor o de cualquier banalidad antes que reconocer el tamaño de la tragedia.
Era grotesco.
Chiapas se estaba convirtiendo en una zona de disputa criminal y el discurso oficial insistía en repetir que todo estaba bajo control. No había estrategia de comunicación: había negación. Una negación peligrosa que permitió que muchos actores crecieran bajo la sombra de la impunidad.
Y ahí estuvieron también los funcionarios alcahuetes. Los que callaban. Los que justificaban. Los que preferían quedar bien con el poder antes que reconocer la descomposición del estado. Muchos siguen ahí. Algunos reciclados. Otros agazapados. Otros fingiendo que nunca fueron parte del desastre.
Pero la historia tiene una costumbre incómoda: tarde o temprano cobra factura.
Lo de Rubén Rocha Moya en Sinaloa parecía imposible hace apenas unos años. Un gobernador morenista acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado y de pactar protección política a cambio de respaldo electoral. Y aunque él lo niegue, aunque Morena cierre filas y aunque la narrativa oficial intente convertir el tema en un “ataque extranjero”, el daño ya está hecho.
Porque cuando Estados Unidos habla de narcopolítica ya no se trata solamente de rumores de café ni de columnas incómodas. Se trata de investigaciones internacionales, de expedientes, de testimonios y de presiones diplomáticas.
Por eso Chiapas no debería sentirse ajeno.
Aquí también hubo demasiados silencios sospechosos. Demasiados funcionarios incapaces de explicar cómo crecieron ciertos grupos criminales mientras el gobierno insistía en decir que todo estaba tranquilo. Demasiados personajes políticos que convivieron con estructuras oscuras mientras el ciudadano común vivía entre miedo, extorsiones y desplazamientos.
Y quizá lo más grave no fue la violencia misma, sino la simulación.
Porque una cosa es no poder contener completamente al crimen —algo que ocurre incluso en estados poderosos— y otra muy distinta es construir una mentira institucional para esconderlo.
Eso fue el sexenio pasado: una gran escenografía de paz ficticia.
Por eso hoy, cuando el fiscal estadounidense advierte que “vendrán más” acusaciones, muchos deberían comenzar a preocuparse. No solamente los políticos de Sinaloa. También los que en Chiapas creyeron que el poder era eterno, que los pactos nunca se descubren o que el silencio oficial borra la realidad.
Porque no.
La realidad siempre termina regresando.
Y cuando regresa, suele hacerlo con nombres, fechas y expedientes.