COLABORACIÓN INVITADA/SR. SMITH/ULTIMÁTUM
Hay policías que honran el uniforme y hay otros que lo degradan. Lo que se vio en los videos que circularon esta semana en redes sociales no fue una acción de autoridad: fue una escena salvaje. Presuntos elementos de seguridad colocando bolsas en la cabeza de hombres sometidos, humillándolos mientras estaban bajo custodia, exhibiendo una práctica que en cualquier democracia debería causar vergüenza institucional y consecuencias inmediatas.
Porque eso no es valentía.
Eso no es estrategia.
Eso no es justicia.
Eso es brutalidad.
Y justamente ahí aparece la enorme diferencia entre quienes gobiernan y quienes creen que portar un uniforme les da permiso para actuar como bestias. Mientras algunos elementos parecen no haber entendido absolutamente nada del discurso humanista que presume esta administración, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar salió públicamente a marcar una línea que, políticamente, resulta importantísima: en Chiapas no habrá tolerancia para los abusos.
La reacción fue inmediata. Sin titubeos. Sin el clásico “vamos a revisar”. El gobernador pidió al fiscal Jorge Luis Llaven Abarca actuar de manera inmediata contra quienes resulten responsables. Y el fiscal respondió igual de rápido anunciando una carpeta de investigación y un grupo especial para esclarecer los hechos.
Ese detalle importa.
Porque durante años, en México, muchos gobiernos optaron por proteger corporaciones antes que proteger la legalidad. Guardaban silencio frente a abusos policiacos, maquillaban expedientes o simplemente justificaban todo bajo el argumento del combate al crimen. Aquí ocurrió algo distinto: el mensaje fue que ni siquiera un presunto delincuente pierde sus derechos humanos.
Y eso debería entenderlo cualquier elemento de seguridad.
Porque cuando una persona está detenida, sometida y bajo custodia del Estado, la autoridad tiene dos opciones: actuar conforme a la ley o convertirse en aquello que juró combatir. No hay punto medio. El uniforme no convierte a nadie en dueño de la dignidad ajena.
Lo preocupante es que algunos policías siguen atrapados en la vieja mentalidad de la barbarie. Creen que humillar, intimidar o torturar proyecta fuerza. Creen que la violencia extrajudicial los hace más temidos. No entienden que en realidad destruyen la credibilidad de las instituciones y ponen en riesgo toda estrategia de seguridad.
Porque basta un video para tirar meses de trabajo institucional.
Y eso seguramente lo entendieron perfectamente Eduardo Ramírez y Jorge Llaven. Por eso la rapidez del posicionamiento. Porque en un gobierno que ha intentado construir una narrativa de recuperación de la paz y fortalecimiento institucional, aparecer ligado a prácticas de tortura sería devastador políticamente.
La seguridad no puede construirse desde el salvajismo.
Y hay que decir algo que a muchos les incomoda: respetar derechos humanos no significa proteger delincuentes; significa impedir que los cuerpos de seguridad se conviertan en grupos fuera de control. Cuando la autoridad pierde límites, el Estado comienza a pudrirse desde adentro.
Por eso estos elementos no solamente dañaron a las víctimas del video. También golpearon la imagen de sus propias corporaciones, desacreditaron a compañeros honestos y pusieron en entredicho el trabajo de todo un gobierno.
Porque mientras el gobernador habla de humanismo, paz y Estado de Derecho, ellos actuaron como si siguieran viviendo en los tiempos donde el abuso era sinónimo de eficacia policiaca.
Y no.
El verdadero poder institucional está en aplicar la ley sin perder humanidad. En detener delincuentes sin degradarse moralmente. En demostrar que el Estado es superior precisamente porque no actúa desde el odio o la venganza.
Las imágenes exhiben algo todavía más grave: una peligrosa sensación de impunidad dentro de ciertos grupos policiacos. Porque quien se atreve a cometer ese tipo de actos frente a cámaras probablemente piensa que no le pasará nada. Y ahí es donde el gobierno tiene la obligación de mandar un mensaje contundente.
No basta con condenar.
No basta con abrir carpetas.
Tiene que haber consecuencias reales.
Porque si no ocurre nada, el discurso humanista quedará reducido a propaganda. Pero si los responsables son detenidos, investigados y sancionados, entonces la administración enviará un mensaje claro: en Chiapas nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes portan uniforme.
Y esa es quizás la prueba más importante para esta Nueva ERA.
Porque combatir la inseguridad requiere fuerza, sí, pero también inteligencia, disciplina y límites. De lo contrario, el gobierno corre el riesgo de ganar territorio frente al crimen mientras pierde autoridad moral frente a la ciudadanía.
Al final, el uniforme no convierte automáticamente a nadie en héroe. A veces, tristemente, también puede esconder cobardes. Y quienes colocaron esas bolsas en la cabeza de personas sometidas no se comportaron como guardianes del orden.
Se comportaron como bestias.