COLABORACIÓN INVITADA/SR. SMITH/ULTIMÁTUM
Hubo un tiempo en Chiapas donde muchos presidentes municipales se sentían intocables. Gobernaban pequeños feudos disfrazados de ayuntamientos, administraban presupuestos como si fueran patrimonio familiar y operaban bajo la lógica perversa de que el poder servía para enriquecerse, cobrar favores o construir grupos políticos. Durante años, la corrupción municipal se volvió paisaje cotidiano. Tan normalizada que pocos se sorprendían cuando aparecían historias de moches, extorsiones, constructoras consentidas o funcionarios convertidos en nuevos ricos de la noche a la mañana.
Pero algo parece estar cambiando.
Y el mensaje que acaba de enviar el gobierno estatal es brutalmente claro: entiendan de una vez, el horno no está para bollos.
Lo ocurrido esta semana en el Congreso del Estado no fue un simple trámite legislativo. Fue una sacudida política para decenas de alcaldes y funcionarios municipales que todavía creen que pueden seguir operando con las mañas del pasado. La Fiscalía General del Estado, encabezada por Jorge Luis Llaven Abarca, solicitó declaratorias de procedencia contra funcionarios de Jiquipilas y Ocozocoautla de Espinosa acusados de presuntos actos de corrupción y extorsión. Y el Congreso actuó de inmediato.
Sin titubeos.
Sin acuerdos en lo oscurito.
Sin proteger a nadie.
En Jiquipilas, la presidenta municipal Blanca Yaneth Chiu fue señalada en una investigación donde, según la Fiscalía, se habría exigido un millón de pesos a una víctima como condición para permitir el establecimiento de una empresa en el municipio. En Ocozocoautla, la cosa tampoco fue menor: síndica, regidoras y regidores habrían pedido dinero para la realización de obras públicas.
Es decir, el viejo cáncer de siempre.
La política entendida como negocio.
La obra pública convertida en chantaje.
El servicio público reducido a caja recaudadora.
Lo más relevante no fue solamente la denuncia, sino la velocidad institucional con la que se actuó. El Congreso local aprobó las separaciones del cargo y nombró sustituciones prácticamente de manera inmediata. Después vinieron las órdenes de aprehensión ejecutadas por la Fiscalía. Y entonces el mensaje terminó de tomar forma: nadie será protegido políticamente.
Eso, en Chiapas, tiene un enorme peso simbólico.
Porque durante demasiado tiempo la impunidad fue parte de la estructura política del estado. Muchos alcaldes sabían que podían hacer prácticamente cualquier cosa mientras mantuvieran padrinos políticos, relaciones correctas o acuerdos económicos con grupos de poder. El cálculo era sencillo: robar tantito, repartir tantito y sobrevivir políticamente.
Hoy parece que el cálculo cambió.
Y más vale que lo entiendan los presidentes municipales que todavía andan jugando a la política vieja. Porque la narrativa de “cero corrupción y cero impunidad” dejaría de ser discurso si no existieran consecuencias reales. Precisamente por eso el gobierno necesitaba actuar con contundencia.
Hay un dato todavía más delicado: el propio fiscal reveló que existen carpetas de investigación abiertas contra funcionarios de otros diez municipios. Diez. Eso significa que el terremoto político apenas comienza y que varios alcaldes seguramente ya empezaron a sudar frío revisando contratos, licitaciones, constructoras amigas y movimientos financieros.
Porque cuando el poder cambia de lógica, muchos quedan atrapados en prácticas que antes parecían normales.
Y hay que decir algo importante: esto no solamente tiene implicaciones judiciales. También tiene una enorme lectura política rumbo a 2027. Morena y el grupo gobernante saben perfectamente que no pueden llegar al siguiente proceso electoral cargando alcaldes desprestigiados, acusaciones de corrupción y escándalos de extorsión municipal. El costo político sería devastador.
Por eso la diputada Alejandra Gómez dejó entrever algo fundamental: habrá mecanismos de evaluación para quienes aspiren a candidaturas futuras. Traducido al lenguaje político real, significa que la era donde cualquiera llegaba a una presidencia municipal por compadrazgo, dinero o padrinazgo podría comenzar a cerrarse.
Aunque claro, falta ver si realmente tendrán la voluntad de sostener esa limpieza cuando los investigados pertenezcan a grupos más poderosos o cercanos al corazón político del movimiento.
Porque ahí es donde verdaderamente se pone a prueba cualquier discurso anticorrupción.
Lo interesante es que estos movimientos ocurren apenas un día después del escándalo de los videos donde presuntos policías aparecieron cometiendo actos de abuso y tortura. En ambos casos, tanto el gobernador Eduardo Ramírez como Jorge Llaven reaccionaron rápidamente. Y eso empieza a construir una narrativa distinta: la de un gobierno que entiende que proteger excesos o actos ilegales termina erosionando la legitimidad institucional.
Porque si algo destruyó al sexenio pasado fue precisamente la sensación de abandono, impunidad y descontrol. Chiapas vivió años donde la violencia avanzó mientras muchas autoridades parecían ausentes o rebasadas. Por eso ahora existe una necesidad urgente de mostrar autoridad, control y capacidad de reacción.
Sin embargo, la verdadera prueba no está solamente en detener funcionarios menores o policías abusivos. La prueba real será ver hasta dónde llega esta política cuando toque intereses grandes, nombres pesados o grupos políticos con capacidad de presión.
Porque Chiapas tiene memoria.
Y el pueblo sabe perfectamente que durante años muchos se enriquecieron desde el poder mientras las comunidades seguían hundidas en pobreza, abandono y miedo.
Por eso el mensaje de hoy no es solamente para Jiquipilas o Ocozocoautla. El mensaje es para todos los ayuntamientos del estado: entiendan que el horno no está para bollos.
Que los tiempos cambiaron.
Y que quien siga creyendo que gobernar es extorsionar, cobrar favores o negociar obras públicas, probablemente terminará descubriendo que ahora las carpetas de investigación sí avanzan.