COLABORACIÓN INVITADA/SR. SMITH/ULTIMÁTUM
Eduardo Ramírez Aguilar ha dicho algo en más de una ocasión, con distintas palabras pero el mismo sentido: no me engañen, supervisen de verdad, no voy a tolerar que se simule. Es una postura que distingue a este gobierno de muchos otros. El problema es que alguien no le está escuchando.
Chiapas Puede lleva un año operando. El estado sigue siendo el primero en rezago educativo del país, con 44.9 por ciento de su población mayor de 15 años sin los niveles educativos mínimos. Ese dato no lo publicó la oposición ni un medio crítico: lo publicó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Y no señala al gobernador. Señala a quienes tienen la responsabilidad de ejecutar el programa y reportarle resultados reales.
La meta original era alfabetizar a medio millón de chiapanecos antes de que terminara 2025. El propio gobierno reportó, a finales de ese año, aproximadamente 80 mil personas atendidas. La distancia entre las dos cifras —420 mil personas— no aparece en ningún boletín oficial. No se ha explicado si el problema fue de planeación, de recursos, de método o de que la meta se anunció antes de ser calculada. Lo que sí es claro es que alguien le vendió al gobernador una promesa que no tenía sustento operativo, y que ese alguien todavía no ha dado la cara.
El programa fue construido sobre la marcha. El modelo pedagógico se ajustó mientras los alfabetizadores ya estaban en campo. La plataforma de seguimiento se implementó con educandos ya registrados. Los foros de consulta regional se realizaron cuando la operación llevaba meses corriendo. Eso puede entenderse en el arranque de una política pública compleja. Lo que no se entiende, ni se justifica, es que un año después los indicadores estructurales no muestren movimiento verificable y que la respuesta institucional siga siendo comunicados de prensa y ceremonias de entrega de materiales.
Ramírez ha ordenado auditorías. Ha advertido contra la corrupción. Ha pedido que los titulares supervisen de verdad. Esas instrucciones existen porque el gobernador sabe, mejor que nadie, cómo funciona la simulación en el aparato público: se reportan inscritos en lugar de egresados, se fotografían eventos en lugar de medir aprendizajes, se celebran dos municipios con bandera blanca sin hablar de los otros 122. Si eso es lo que está recibiendo como reporte, alguien le está fallando. Y si eso es lo que está eligiendo creer, entonces el problema es más serio.
El gobernador tiene una fecha en el horizonte: noviembre de 2027. Para entonces quiere declarar que Chiapas sí pudo. Ese es un compromiso público, no una frase de campaña. Pero los compromisos públicos se cumplen con datos, no con narrativa. Y con la aritmética disponible hoy —el ritmo reportado, el indicador estructural sin mover, la brecha entre meta y resultado— alguien en el equipo tendría que decirle al gobernador la verdad: el tiempo se acorta y los números todavía no acompañan.
Eso, precisamente, es lo que Ramírez ha pedido que le digan.