COLABORACIÓN INVITADA/NIZALEB CORZO
Hay una forma muy elegante de hundir a una empresa pública sin necesidad de privatizarla: permitir que su competencia opere sin pagar impuestos. No hace falta sabotear refinerías, inflar nóminas ni heredarle deuda. Basta con dejar que, en el muelle de al lado, alguien declare diésel como «aditivo para aceites lubricantes» y se ahorre más de siete pesos por litro en IEPS. Multiplíquese por millones de litros durante varios años y aparece el resultado exacto que hoy enfrenta México: entre 2022 y 2024, Pemex perdió 22.8% de sus ventas de gasolina y 34.5% de las de diésel, mientras la Hacienda Pública dejó de recaudar —según estimaciones privadas serias— cientos de miles de millones de pesos durante el sexenio. El huachicol fiscal no es una anécdota criminal: es una distorsión estructural que terminó convirtiéndose en política pública de facto.
Lo más incómodo del fenómeno no es su tamaño, sino su visibilidad. El Servicio de Administración Tributaria detectó patrones irregulares desde hace años. Lo señalaron especialistas, lo documentó la prensa y lo explicaron consultoras independientes: las importaciones de lubricantes crecían a un ritmo imposible de justificar para el tamaño real de la industria automotriz mexicana. La lógica era demasiado obvia. Si el IEPS sobre el diésel importado ronda los 7.10 pesos por litro y el de la gasolina Magna supera los 6 pesos, mientras ciertos «lubricantes» no causan IEPS, entonces reclasificar combustible deja de ser una anomalía y se convierte en un modelo de negocio. Criminal, sí. Pero altamente rentable. La verdadera irracionalidad estaba del lado del Estado: en quien debió haberlo cobrado.
Pemex, mientras tanto, observaba cómo competía en condiciones imposibles. Ninguna empresa puede sostener participación de mercado cuando su rival evade sistemáticamente la carga fiscal y además opera bajo permisos otorgados por el mismo aparato regulatorio del Estado. Los reportes enviados por la petrolera a la Securities and Exchange Commission son particularmente reveladores: la propia empresa reconoce riesgos vinculados con participación de personal en actividades ilícitas. Lo dice en inglés y en lenguaje corporativo, que es la forma diplomática de admitir que la casa tiene termitas.
La Comisión Reguladora de Energía, hoy absorbida bajo otro diseño institucional, tampoco fue ajena al problema. Heredó del sexenio anterior un padrón de importadores donde aparecían empresas cuestionadas por autoridades fiscales, algunas con permisos para introducir volúmenes gigantescos de combustible. Lejos de desaparecer, muchos de esos permisos sobrevivieron, se ampliaron o se complementaron con nuevas autorizaciones comerciales. La discrepancia entre consumo nacional, producción e importaciones registradas era demasiado grande para pasar inadvertida. Para cualquier regulador curioso, aquello era una alarma. Para quien no quería escuchar, apenas ruido administrativo.
Conviene aquí hacer una distinción importante. El robo de combustible en ductos y el huachicol fiscal son fenómenos emparentados, pero no idénticos. El primero es rudimentario: perfora ductos, usa mangueras, deja manchas de tierra y columnas de humo. El segundo es sofisticado: opera con pedimentos aduanales, fracciones arancelarias y oficinas climatizadas. No requiere palas ni camionetas improvisadas; requiere abogados fiscales, agentes aduanales complacientes y empresarios dispuestos a capturar la diferencia. Es el huachicol que se hace con saco, no con overol. Y también es, por mucho, el más rentable.
La aritmética deja una conclusión brutal. Si las pérdidas fiscales acumuladas equivalen a una parte significativa de la deuda financiera y de los pasivos laborales de Pemex, entonces el debate público sobre el «rescate» de la petrolera ha estado mal planteado desde el inicio. La discusión no debería concentrarse únicamente en cuánto cuesta sostener a Pemex, sino en cuánto dejó de recaudar el Estado mientras permitía que una red de importaciones irregulares compitiera contra ella sin pagar el impuesto que justamente existe para equilibrar el mercado.
La paradoja es difícil de ignorar: el mismo Estado que inyectó recursos extraordinarios para evitar el colapso financiero de Pemex toleró, simultáneamente, un esquema que erosionaba su mercado y debilitaba la recaudación pública.
Cuando finalmente comenzaron a endurecerse los controles aduanales, ocurrió algo revelador: la recaudación cayó. No necesariamente porque se frenara el comercio legal, sino porque parte de los flujos previos estaba artificialmente inflada por operaciones irregulares. Durante años, una parte de los ingresos aparentes descansó sobre combustible disfrazado contablemente de otra cosa. Ahora que el humo comienza a disiparse, las cifras reales resultan bastante menos espectaculares de lo que se presumía.
Y entonces aparece la pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que instituciones fiscales, regulatorias y operativas observaran simultáneamente el mismo fenómeno durante años sin desmontarlo por completo?
Hay dos respuestas posibles.
La cómoda dice que no supieron.
La seria obliga a considerar algo mucho más perturbador: que quizá sí lo sabían.
————–
Nizaleb Corzo es Consultor Estratégico, Consejero Empresarial Independiente y autor de Arquitectura e Inercia