Sr. Smith/Ultimátum
Hay preguntas que se responden solas con solo ver la cara del interesado.
Víctor Manuel Urbina Abadía, Oficial Mayor del Gobierno de Chiapas, apareció hace unos días en un Curso de Profesionalización impartido por el Instituto de Administración Pública de Chiapas con una expresión que lo decía todo: ausente, perdido, con la mirada extraviada en ese mar profundo que es la ignorancia cuando se sienta en primera fila sin entender lo que ocurre a su alrededor. La cara del Charrito, como lo conocen quienes lo tratan, era la de alguien que claramente no eligió estar ahí por vocación intelectual ni por sed de conocimiento. Estaba ahí porque alguien le dijo que debía estarlo. Punto.
Y uno lo entiende. Porque lo suyo no es el estudio. Su propio currículum lo acredita con toda la honestidad que él mismo no tiene: Víctor Manuel Urbina Abadía apenas terminó el bachillerato. Nada más. Sin licenciatura. Sin título. Sin cédula profesional. Sin los estudios universitarios que la normatividad exige para ocupar cargos de esa naturaleza y responsabilidad en la administración pública estatal.
Y sin embargo, ahí está. Oficial Mayor del Gobierno de Chiapas.
Que no es un cargo menor, para que quede claro. La Oficialía Mayor es la bisagra administrativa del gobierno estatal. Por ahí pasan los contratos, los proveedores, las adquisiciones, el padrón de empresas que pueden venderle al gobierno. Es, dicho en términos sencillos, uno de los espacios donde más dinero público se mueve y donde más se requiere de alguien que sepa de administración, de derecho, de contaduría, de marcos normativos, de transparencia en los procesos de compra. Alguien, en fin, que haya estudiado algo de eso. Que tenga título. Que tenga cédula. Que cumpla el perfil.
El Charrito Urbina Abadía no cumple ninguno de esos requisitos. Pero ocupa el cargo. Y esa es, para decirlo con todas sus letras, una forma de corrupción que no necesita facturas ni cuentas bancarias para demostrarse: basta con leer su expediente y compararlo con lo que la ley exige.
Lo que hace más escandaloso el asunto es el contraste. Porque mientras el Charrito administra sin título y gobierna sin perfil, decenas de burócratas chiapanecos perdieron sus empleos precisamente por no cubrir los requisitos académicos de sus plazas. A ellos sí se les exigió licenciatura. A ellos sí se les pidió que el área de sus estudios fuera afín a sus funciones. A ellos sí se les solicitó cédula profesional, documentos, acreditaciones. Y cuando no los tuvieron, afuera. Sin contemplaciones. Sin excepciones.
Pero a Víctor Manuel Urbina Abadía no le exigen nada. Con su bachillerato es suficiente. La vara, como siempre en la política chiapaneca de ciertos personajes, no mide parejo.
Y no es que el Charrito sea un hombre de pocas habilidades. Al contrario. Para lo que sí tiene talento natural, probado y documentado por quienes lo conocen, es para el negocio. Específicamente, para el negocio que montó alrededor del padrón de proveedores del gobierno estatal. Todo aquel que quiera venderle a la administración de Chiapas tiene que pasar por su escritorio. Y pasar por su escritorio tiene un costo que no aparece en ninguna factura ni en ningún contrato, pero que todos los interesados conocen perfectamente. El moche. El porcentaje. La cuota. Llámese como se quiera llamar: la condición no escrita para entrar al padrón de los consentidos.
Millonarios contratos han salido de esa Oficialía Mayor con el visto bueno del Charrito. Proveedores que de repente aparecieron de la nada y de la nada pasaron a tener contratos envidiables con el gobierno estatal. La magia del Oficial Mayor que no sabe de administración pública pero sí sabe muy bien cómo funciona el negocio de las adquisiciones gubernamentales cuando uno tiene el sello y la firma.
Ahora, según se rumora con insistencia en los pasillos de Palacio, el Charrito Urbina ya anda en la búsqueda de su salvación académica urgente. Se dice que está tocando puertas en instituciones universitarias de esas que, a cambio de una aportación generosa, tienen la capacidad casi milagrosa de extender títulos y cédulas a quienes no cursaron nada de lo que el título ampara. Los famosos gomitítulos, como los llama la gente con toda razón: títulos que se vomitan de una institución sin que el beneficiario haya aprendido nada dentro de sus aulas.