COLABORACIÓN INVITADA/SR. SMITH
En Jiquipilas pasaron dos cosas casi al mismo tiempo, y juntas cuentan una historia que Chiapas ya conoce de memoria pero que vale la pena seguir contando hasta que deje de repetirse.
La primera: Janet Chiu López, alcaldesa del municipio, fue destituida de su cargo. La acusación es corrupción. No un rumor de pasillo. No una filtración anónima. Una acusación formal que terminó con su remoción y que la deja en el terreno pantanoso de quien ejerció el poder público y hoy tiene que responder por lo que hizo con él.
La segunda: la Auditoría Superior del Estado, encabezada por José Antonio Aguilar Meza, se presentó en las instalaciones del ayuntamiento para notificar formalmente el inicio de una auditoría al municipio. Ahí estaba la nueva presidenta municipal, Benerita Vela Avendaño, acompañada de regidoras y regidores, y también la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto. Todo en orden, todo con nombre y apellido, todo con acta y sello.
Que las dos cosas ocurran juntas no es casualidad. Es método.
Y ese método es exactamente lo que le faltó a Chiapas durante seis años.
Porque durante el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, la Auditoría Superior del Estado era una figura ornamental. Existía en el organigrama, tenía presupuesto, tenía oficinas, tenía funcionarios. Lo que no tenía era voluntad de fiscalizar a quien no debía ser fiscalizado. Las auditorías llegaban tarde, salían incompletas o sencillamente no llegaban. Los presidentes municipales que formaban parte del sistema sabían que el candado institucional estaba abierto de par en par y que podían administrar los recursos municipales con una libertad que la ley no les otorgaba pero que la omisión del auditor sí les garantizaba en los hechos.
Janet Chiu López operó en ese ambiente. Como tantos otros alcaldes y alcaldesas de esa época, gobernó en un municipio chiapaneco bajo la certeza cómoda de que nadie con dientes reales estaba mirando. El resultado es lo que hoy se investiga y lo que costó su cargo.
Pero el punto no es solo ella. El punto es el cambio de reglas que su caso ilustra.
Hoy la Auditoría Superior del Estado llega. Notifica. Se sienta con la presidenta municipal entrante, con los regidores, con la secretaria Anticorrupción, y pone sobre la mesa una orden de auditoría con toda la formalidad que el cargo exige y que la ley ordena. No hay zona de confort. No hay municipio protegido. No hay alcalde o alcaldesa que pueda asumir que su gestión no será revisada con lupa, con documentos y con consecuencias reales si los números no cuadran.
Eso es lo que se llama rendición de cuentas. Y en Chiapas, durante demasiado tiempo, fue más slogan que realidad.
El caso de Jiquipilas manda una señal que los presidentes municipales de todo el estado harían bien en recibir con atención: los tiempos cambiaron. La auditoría que antes llegaba de visita hoy llega a trabajar. La secretaria Anticorrupción que antes era figura de protocolo hoy aparece en las notificaciones junto al auditor. Y la alcaldesa que creyó que la presidencia municipal era una franquicia personal hoy está destituida y con expediente abierto.
No es venganza política. Es la normalidad institucional que Chiapas nunca debió haber perdido y que está recuperando a un costo que los chiapanecos ya pagaron durante seis años de opacidad y simulación.
Que sirva de aviso.
La auditoría ya llegó a Jiquipilas. Y tiene muchos municipios más en la lista.