PUNTO DE FUGA/ALFREDO PACHECO
En Chiapas, la Ley 3 de 3 contra la violencia fue aprobada en mayo de 2023 como una promesa de justicia política para las mujeres; la intención era buena: impedir que agresores, deudores alimentarios y violentadores ocuparan cargos públicos o llegaran a candidaturas. Sin embargo, la experiencia en el pasado proceso electoral exhibió una realidad incómoda: la ley existe, pero carece de mecanismos verdaderamente eficaces para impedir que personas sancionadas continúen participando en la vida política.
Es por ello que mientras más se acerca la elección intermedia de 2027, cobra cada vez más fuerza la frase impulsada por colectivas feministas y organizaciones civiles: “la Ley 3 de 3 no tiene dientes”.
Ayer, las diputadas Marcela Castillo Atristain de MORENA y Elvira Catalina Aguiar Álvarez del PT; la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), Magali Anabel Arellano Córdova; la Consejera Electoral Magdalena Vila del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y María Teresa Olvera Caballero, presidenta de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE), presentaron una reforma de ley la cual busca cerrar precisamente los vacíos que hay en la Ley 3 de 3.
En Chiapas vimos cómo personas inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género pudieron contender en el proceso electoral de 2024, luego de impugnaciones que terminaron resolviéndose en tribunales federales.
Esto no es un problema menor, pues exhibe los vacíos legales que aún persisten entre las sanciones administrativas y las sentencias penales definitivas.
La consejera electoral del IEPC, Gloria Esther Mendoza Ledesma, reconoció en una entrevista que sostuve con ella que no basta con que una persona esté inscrita en el registro nacional de sancionados para impedirle una candidatura, debido a que La legislación actual exige sentencias firmes y definitivas para suspender derechos político-electorales.
Es decir, una persona puede haber sido sancionada por violencia política de género y aun así aspirar a un cargo público mientras no exista una resolución judicial definitiva y es justo ahí es donde la ley pierde fuerza.
El problema no radica únicamente en la existencia de normas, sino en una cuestión estructural, pues mientras los procesos penales avanzan muy lento, las fiscalías no judicializan adecuadamente los casos o las cadenas de impugnación se prolongan hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los agresores encuentran espacios legales para mantenerse vigentes políticamente.
Esto explica por qué hoy resulta relevante la iniciativa presentada por las diputadas, autoridades electorales y representantes de la sociedad civil para reformar la legislación chiapaneca.
Hay un punto que considero el más importante; la posibilidad de anular elecciones cuando se acredite que durante el proceso electoral existió violencia política de género, este elemento cambia completamente la discusión.
Porque hasta ahora, la violencia política contra las mujeres suele tratarse como un asunto secundario o administrativo, cuando en realidad representa una alteración grave a las condiciones democráticas. Si una candidatura se construye mediante intimidación, agresiones, campañas de desprestigio o ataques sistemáticos contra mujeres, entonces la legitimidad de esa elección también debería ponerse en duda.
La democracia no puede considerarse auténtica cuando las mujeres participan bajo amenazas, hostigamiento o violencia.
Además, la iniciativa contempla una sanción particularmente relevante: impedir que el partido político o la persona responsable participe en la elección extraordinaria derivada de una nulidad. Se trata de un mensaje político y jurídico mucho más severo, orientado no solo a castigar, sino también a inhibir estas conductas.
Porque mientras las consecuencias sigan siendo mínimas, la violencia política continuará usándose como una estrategia rentable.
Chiapas necesita una democracia donde las agresiones contra las mujeres se resuelvan y que realmente existan consecuencias para quienes violentan derechos políticos y utilizan el poder para excluir, intimidar o silenciar y no con discursos simbólicos y registros administrativos que fácilmente pueden impugnarse.
PERSPECTIVA
Las lluvias que impactaron en esta semana a Tuxtla Gutiérrez dejaron daños al pavimento en varias colonias y a viviendas en diversos puntos de la ciudad, algo que no se había visto antes, es muy lamentable que Ángel Torres en su afán por la reelección se valga de programas con un manejo de los recursos públicos tan opaco como “Calles Felices”, que al llenar de concreto la ciudad han favorecido a que los escurrimientos pluviales provoquen tantas afectaciones, y no me malinterpreten, es una realidad que muchas colonias necesitaban mejorar sus calles, por una cuestión de justicia social, no obstante, estas obras se pudieron hacer con otros materiales que ayudaran la absorción de los escurrimientos y no el concreto que las volvió en canales de desagüe.
La situación para los tuxtlecos no pinta bien, pues las autoridades han anunciado que este año tendremos un “súper niño”, que provocará lluvias torrenciales que pueden generar daños de gran magnitud.
¡Hasta la próxima!