Las propuestas buscan inhabilitar a sancionados por violencia política de género y establecer la nulidad de elecciones donde se acredite esa conducta, en vísperas del proceso electoral de 2027.
La diputada Marcela Castillo Atristain presentó ante el Congreso del Estado de Chiapas dos iniciativas de reforma orientadas a combatir la violencia política en razón de género, con el objetivo de que estén vigentes antes del proceso electoral de 2027. Las propuestas fueron elaboradas en un trabajo conjunto con legisladoras y organizaciones civiles especializadas en el tema.
La primera iniciativa es de carácter constitucional y busca que quienes hayan sido sancionados en el padrón electoral por violencia política en razón de género no puedan volver a registrarse como candidatos. «Pensamos que al espacio en el que vayan van a volver a replicar este tipo de violencias», explicó la legisladora en entrevista con Diario Ultimátum.
La segunda reforma propone modificar la ley de impugnaciones del estado para que la violencia política en razón de género durante una campaña electoral sea causal de nulidad de la elección, reconociendo que estas conductas afectan directamente la percepción ciudadana y los resultados de los comicios.
Castillo Atristain señaló que el problema tiene tres dimensiones: garantizar el acceso de las mujeres a los espacios públicos mediante la paridad, asegurar que quienes accedan puedan ejercer el cargo de manera real y no como figuras decorativas, y protegerlas de las violencias que enfrentan una vez que deciden participar en la vida política. Mencionó casos documentados en los que candidatas perdieron elecciones porque en la jornada electoral se distribuyó material difamatorio alrededor de las casillas. La 69ª legislatura tiene hasta el 30 de junio para concluir su periodo ordinario, plazo que la diputada identificó como suficiente para que las iniciativas sean aprobadas y entren en vigor antes del proceso electoral del próximo año.
Durante la entrevista, la legisladora también abordó la situación de Tuxtla Gutiérrez tras las primeras lluvias de la temporada, que llevaron el río Sabinal al 80 por ciento de su capacidad y pusieron en riesgo de desbordamiento a la ciudad. Castillo señaló directamente al alcalde Ángel Torres por no haber realizado los trabajos preventivos de desazolve que el año anterior impulsó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en coordinación con empresarios y constructores. «Son trabajos de prevención que tienen que realizarse de manera continua.
No podemos seguir trabajando de manera improvisada o solo reaccionando a lo que sucede», afirmó. Indicó además que familias de la ciudad continúan reportándole afectaciones por inundaciones, problemas de recolección de basura y falta de agua potable, situación que ya había denunciado desde la tribuna del Congreso.
Sobre la posibilidad de llamar a comparecer al presidente municipal ante el Congreso del Estado, Castillo confirmó que esa facultad existe y está siendo evaluada, con el propósito de que el ayuntamiento rinda cuentas sobre el estado de los servicios públicos básicos y las omisiones en materia de prevención.
Al ser cuestionada sobre el impacto de los escándalos de corrupción y narcopolítica en las perspectivas electorales de Morena para 2027 y 2030, la legisladora reconoció que los casos conocidos han lastimado la imagen del partido, pero pidió no generalizar la conducta de algunos a quienes sí trabajan con honestidad. Destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para que el INE investigue a los candidatos antes de su registro, y que al interior de Morena se trabaja en una comisión que evalúe la conducta de sus integrantes. Sobre su propia participación en el proceso electoral de 2027, la diputada no descartó aparecer en las boletas: «Solamente Dios dirá y yo sigo trabajando.»