COLABORACIÓN INVITADA/SR. SMITH
Porque uno escucha al secretario general de la Sección VII, Isael González Vázquez, declarar con toda la solemnidad del mundo que la huelga nacional reinicia porque la presidenta se retiró de la mesa y no ha habido respuestas, y uno tiene que hacer un esfuerzo genuino para no responderle con otra pregunta: ¿y cuándo fue la última vez que la CNTE estuvo en una mesa sin que el país tuviera que pagar el costo?
Seamos honestos, que para eso existe esta columna.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene dos demandas centrales que llevan años repitiendo como letanía: la abrogación de la reforma educativa y la abrogación de la Ley del ISSSTE. Nadie en su sano juicio diría que esas demandas son caprichosas o injustas en abstracto. Los maestros tienen derechos laborales que deben ser respetados, y hay reformas que se aplicaron con métodos que dejaron heridas profundas, incluidos muertos en Nochixtlán que no deben olvidarse ni minimizarse. Todo eso es verdad y merece reconocimiento.
Pero también es verdad lo que el propio González Vázquez admitió sin querer en su declaración: que la huelga se había suspendido el año pasado en espera de diálogo. Que había una mesa. Que había expectativa. Y que esa espera no produjo los resultados que la CNTE exigía, por lo que hoy regresan a las calles, al plantón, a la marcha del Ángel al Zócalo, con el resolutivo de instalarse frente al Palacio Nacional.
Hasta ahí, la lógica sindical es comprensible. Lo que ya no resulta tan comprensible es el tono, la estrategia y, sobre todo, el momento.
Porque la CNTE le reprocha a la presidenta Sheinbaum que no haya regresado a la mesa con respuestas. Y en el mismo discurso reconoce que en campaña tanto ella como el entonces presidente López Obrador prometieron la abrogación. Y remata con el argumento más revelador de todos: antes no había mayoría en el Congreso, y por eso no se podía. Ahora hay mayoría, y tampoco se hace. La conclusión que la CNTE extrae de esa ecuación es que el gobierno incumplió y que la huelga es la respuesta obligada.
Pero hay otra conclusión posible, menos cómoda para la Coordinadora: que gobernar no es lo mismo que hacer campaña, que las mayorías legislativas tienen otros compromisos y otras urgencias, y que exigir la abrogación de reformas constitucionales complejas como si fuera cambiar una bombilla requiere algo más que un plantón en el Zócalo.
En Chiapas, donde cerca de 55 mil docentes están activos y 15 mil jubilados, solo 5 mil se sumaron a la huelga nacional. El dato es relevante. Significa que la mayoría de los maestros chiapanecos, ese día, no fue al paro. Fueron a dar clases. Estuvieron frente a sus grupos, con sus alumnos, haciendo lo que un maestro debe hacer. Y eso también es una declaración, aunque no venga con micrófono ni con comunicado de prensa.
Porque el problema de fondo con la CNTE no son sus demandas. Es su método. Es la naturalización del paro como primera respuesta y no como último recurso. Es la certeza instalada de que la presión en las calles sustituye al argumento en la mesa. Es la lógica de que los niños pueden esperar, que las aulas pueden cerrarse, que el calendario escolar puede romperse, porque la lucha sindical tiene prioridad sobre el derecho de los estudiantes a recibir educación.
Y en Chiapas eso tiene un costo que se mide en generaciones. Un estado que históricamente ha tenido los indicadores educativos más bajos del país, donde la cobertura de educación media superior sigue siendo un desafío real, donde miles de jóvenes en comunidades alejadas dependen de que su maestro aparezca ese lunes, no puede permitirse que el ausentismo docente sea política sindical permanente. No puede.
González Vázquez dice que la huelga no es un gusto ni un capricho sino una necesidad política para que los vean. Y menciona el Mundial. Dice, literalmente, que aprovecharán que los ojos del mundo estarán en México para decirle al planeta que la política sigue siendo neoliberal.
El Mundial como escenario de denuncia sindical. Los turistas, los aficionados, las cámaras internacionales, como audiencia involuntaria de un conflicto laboral que lleva años sin resolverse. Ahí está el método en toda su expresión.
Uno entiende la frustración. Uno entiende que esperar más de un año sin respuesta desespera a cualquiera. Pero uno también recuerda que la CNTE lleva décadas con las mismas demandas, con los mismos paros, con las mismas marchas, bajo gobiernos del PRI, del PAN y ahora de Morena, y que en todo ese tiempo los niños chiapanecos de las zonas rurales más marginadas siguen siendo los que menos aprenden, los que menos terminan la secundaria, los que menos llegan a la universidad. Y eso no es culpa solo de las reformas que la CNTE quiere abrogar.
También es culpa de años de aulas cerradas en nombre de la lucha.
La pregunta sigue en pie: ¿ahora qué quiere la CNTE?
La respuesta es la de siempre. Lo que cambia es el pretexto.
Y los que pagan, como siempre, son los mismos: los estudiantes que ese día no tuvieron clase.