El regidor Francisco Rojas y el abogado Manuel Cruz señalan el presunto desacato del edil a medidas cautelares instruida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Alfredo Pacheco/Ultimátum
TGZ. El octavo regidor del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo, y el abogado Manuel de Jesús Cruz Espinosa presentaron ante el Congreso del Estado una solicitud de juicio político contra el presidente municipal Ángel Torres, al considerar que incumplió medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) durante la reciente crisis de desabasto de agua potable en la capital chiapaneca.
De acuerdo con Manuel Cruz, la acción legal fue promovida el pasado 28 de mayo y tiene su origen en las afectaciones registradas entre marzo y abril por la falta de suministro de agua. Explicó que previamente interpuso el juicio de amparo 552/2026 ante el Juzgado Quinto de Distrito para exigir que el Ayuntamiento y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) garantizaran el servicio a las familias afectadas mediante el envío de pipas.
El litigante señaló que también solicitó la intervención de la CEDH, organismo que emitió medidas cautelares para atender la problemática. Sin embargo, aseguró que el alcalde respondió mediante un oficio rechazando dichas disposiciones, lo que, a su juicio, constituye un desacato y motivó la denuncia de juicio político presentada ante el Poder Legislativo.
Asimismo, Cruz Espinosa cuestionó la información difundida sobre los descuentos aplicados a usuarios afectados por la falta de agua. Indicó que mientras inicialmente se negó la existencia de reducciones en los cobros, posteriormente recibió un documento oficial de SMAPA donde se informaban descuentos de entre 35 y 75 por ciento, situación que consideró contradictoria y que será incorporada como prueba dentro del juicio de amparo.
Por su parte, Francisco Rojas Toledo sostuvo que la administración municipal debió implementar acciones preventivas para atender la escasez de agua y evitar mayores afectaciones económicas a la población. Además, criticó la falta de mantenimiento en el sistema de alcantarillado y el río Sabinal, así como la ausencia de diálogo con integrantes del Cabildo. Los promoventes señalaron que ahora corresponde al Congreso del Estado analizar la solicitud y determinar si existen elementos para iniciar el procedimiento correspondiente.