FILIPICAS POR PACO RAMÍREZ
En una democracia madura, la salud de las instituciones no se mide por sus decretos, sino por algo más difícil de legislar: la capacidad de tolerar la disidencia. Y en el México de hoy, esa capacidad está bajo una tensión que no puede seguir ignorándose.
El reciente choque entre la presidenta Claudia Sheinbaum y TV Azteca no es un incidente aislado ni una disputa entre particulares. Es el síntoma más reciente de una tendencia que convierte el debate público en trinchera ideológica y que confunde el legítimo derecho de réplica con el uso del aparato del Estado como herramienta de presión.
El pasado que sirve de pretexto
Para entender el presente, hay que mirar sin ingenuidad el sexenio anterior. Sería deshonesto negar que una parte sustancial de la prensa mexicana operó durante décadas bajo el cobijo de contratos de publicidad oficial que condicionaban su línea editorial. El gobierno de López Obrador desnudó esos mecanismos y rompió un viejo pacto de simulación. Ese quiebre fue necesario. Permitió al ciudadano común cuestionar a los grandes consorcios informativos y evidenció conflictos de interés que se disfrazaban de libertad de prensa.
Ese antecedente, sin embargo, no puede convertirse en patente de corso para justificar lo que viene después.
El micrófono más poderoso del país
El discurso oficial insiste en que las garantías informativas están intactas: no hay clausuras, no hay periodistas encarcelados, las pantallas siguen transmitiendo crítica feroz de lunes a domingo. Desde Palacio Nacional, la confrontación con Azteca es de naturaleza fiscal, no editorial. Una deuda, no una persecución.
Pero el diablo, como siempre, está en los detalles y en las formas.
Una cosa es evidenciar las complicidades del pasado. Otra, radicalmente distinta, es que la jefa del Ejecutivo federal utilice el micrófono más poderoso de la República para sugerir un boicot ciudadano, para pedir explícitamente que se deje de consumir los contenidos de un medio crítico. La sugerencia presidencial no es una opinión de café. Lleva el peso simbólico y el efecto coactivo de la máxima autoridad del Estado.
Y cuando a eso se suma la insinuación pública sobre el origen de la concesión de Azteca en 1993, instando a la Fiscalía a revisar expedientes con décadas de antigüedad, el mensaje que llega al resto de los medios no necesita traducción: quien cuestione la narrativa oficial puede encontrarse con que el Estado tiene muy buena memoria.
La mañanera como espejo selectivo
Hay un mecanismo más sutil, pero igualmente revelador, que opera cada mañana desde Palacio Nacional. Las conferencias de prensa del Ejecutivo —herederas directas del formato instaurado por López Obrador— han dejado de ser el espacio plural de escrutinio ciudadano que su diseño prometía ser. En la práctica, funcionan como un ecosistema curado: los periodistas afines al gobierno encuentran micrófono abierto, preguntas cómodas y acceso garantizado. Los críticos, los incómodos, los que insisten en los temas que el poder prefiere no tocar, sencillamente no son invitados.
No hay un decreto que los expulse. No hay una lista negra firmada. Pero la exclusión sistemática produce el mismo efecto que la censura formal: un espacio de comunicación oficial donde las preguntas difíciles no se formulan porque quienes las formularían ya no tienen lugar en la sala. El periodismo de palco, domesticado y complaciente, desplaza al periodismo de trinchera.
Eso no es libertad de prensa. Es su simulacro.
La asimetría que lo cambia todo
La presidenta tiene todo el derecho de defenderse de los ataques mediáticos. Nadie le niega ese derecho. El deterioro real no está en que ella responda, sino en la asimetría brutal de esa respuesta. Cuando el Estado estigmatiza sistemáticamente a la prensa, lo que se vulnera no es la rentabilidad de una empresa de telecomunicaciones. Se vulnera el ecosistema de libertades de todos los ciudadanos.
La Sociedad Interamericana de Prensa y la Alianza de Medios MX ya han encendido las alarmas. No lo hacen para defender a los dueños de Azteca. Lo hacen porque entienden que el termómetro de la libertad de prensa no se mide en los días en que se abre la canilla, sino en los días en que alguien intenta cerrarla.
Es justo reconocer que Sheinbaum tomó distancia de las voces más radicales de su propio partido que pedían expropiaciones. Eso muestra pragmatismo institucional. Pero no borra la polarización sembrada, el efecto inhibidor que genera en redacciones y salas de edición de todo el país, ni la señal que manda a cualquier reportero joven que está aprendiendo las reglas no escritas del oficio: hay preguntas que se hacen y hay preguntas que cuestan.
El muro que el poder no puede derribar
Hay, sin embargo, una variable que los cálculos de Palacio Nacional no terminan de incorporar: la era digital le arrebató al poder el monopolio de la agenda pública, y no se lo va a devolver.
Hoy, cualquier intento de contención informativa envejece en segundos. Un acontecimiento se vuelve viral antes de que ningún vocero alcance a encuadrarlo. Sea una verdad incómoda o un rumor sin fundamento, el impacto es inmediato. Las granjas de bots, por sofisticadas y costosas que sean, no pueden competir con millones de ciudadanos que tienen un teléfono en la mano y la costumbre formada de buscar la segunda versión de cada historia.
No se necesita cerrar un periódico para coartar la libertad. Basta con asfixiar el entorno de certidumbre legal, descalificar sistemáticamente a quien cuestiona, premiar al periodista dócil con un lugar en la sala y castigar al crítico con la invisibilidad. El resultado es una prensa que se autocensura antes de que nadie se lo pida, porque ya aprendió cuáles son los límites.
Pero en el México hiperconectado de hoy, la última palabra ya no la tiene el púlpito presidencial.
La tiene el clic de millones de ciudadanos que se niegan, cada mañana, a aceptar una libertad bajo sospecha.