Tarot Político/Amet Samayoa Arce/Ultimátum
Hasta entrada la noche de ayer continuaban las mesas de negociación para intentar construir una salida al conflicto que mantiene a la capital del país bajo una creciente tensión social. No es una negociación menor en el centro y debe destacarse que en ella participa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Las próximas horas serán determinantes para evitar una escalada que podría generar costos políticos, económicos y de gobernabilidad difíciles de calcular. Desde una lectura nacional, Chiapas ha representado hasta ahora una relativa buena noticia para la presidenta Claudia Sheinbaum, porque a diferencia de otras entidades, el magisterio chiapaneco no trasladó masivamente su fuerza de movilización a la Ciudad de México, reduciendo la presión directa sobre Palacio Nacional. Esa circunstancia permitió que el conflicto mantuviera una dimensión principalmente estatal y evitó que se convirtiera en un nuevo frente de desgaste para el gobierno federal.
Los daños colarales
Sin embargo, lo que resulta funcional en la aritmética política nacional no necesariamente significa tranquilidad en el ámbito local. El derecho a la libre manifestación está plenamente garantizado y forma parte de las libertades democráticas que deben protegerse. Pero también es cierto que durante las últimas semanas las protestas han rebasado la afectación propia de una movilización ordinaria para impactar directamente a miles de ciudadanos que nada tienen que ver con la disputa. El plantón permanente en el centro de Tuxtla Gutiérrez, los bloqueos en los accesos de entrada y salida de la ciudad, la toma de estaciones de servicio, el llenado gratuito de combustible y, más recientemente, las acciones en instalaciones estratégicas de Pemex que provocaron compras de pánico entre la población, han colocado el conflicto en una fase distinta. La discusión ya no gira únicamente en torno a las demandas magisteriales, sino también sobre los límites entre la protesta legítima y la afectación a terceros.
El reloj corre
La situación en el ámbito nacional adquiere una dimensión aún más delicada ante la amenaza de bloquear el aeropuerto Benito Juárez. De concretarse, el conflicto dejaría de ser un asunto exclusivamente nacional para proyectarse a nivel internacional. México se encuentra en una etapa de intensa exposición global por la realización de eventos deportivos de gran relevancia como lo es el área que del Mundial, y cualquier interrupción a la llegada de delegaciones, visitantes o comitivas extranjeras. Ahí reside el verdadero dilema para el gobierno. Si actúa con firmeza corre el riesgo de ser acusado de criminalizar la protesta. Si permite que las acciones continúen escalando, la percepción de ausencia de autoridad puede crecer entre una ciudadanía cada vez más afectada por la incertidumbre. La política, al final, consiste en resolver conflictos antes de que se conviertan en crisis. Por ello las negociaciones de estas horas tienen un valor estratégico. Nadie gana con una confrontación mayor, no gana el gobierno, no gana el magisterio y mucho menos gana una sociedad que observa con preocupación cómo la normalidad cotidiana se vuelve rehén de una disputa que exige acuerdos. El reloj corre, y en ocasiones, gobernar consiste precisamente en encontrar el punto de equilibrio entre la tolerancia democrática y la responsabilidad de preservar el orden público. Ese es el desafío que hoy enfrenta Chiapas.