DEMOCRACIA VIRTUAL/EUGENIO HERNÁNDEZ SASSO
Hay políticos que todavía no entienden los tiempos de transformación y siguen creyendo que ganar una presidencia municipal es como pegarle al premio mayor de la lotería y, una vez sentados en la silla, pueden hacer y deshacer con el dinero público y avisar de la gente sin que nadie les pida cuentas.
El problema es que esa vieja costumbre de tentar el dinero ajeno, que durante años fue el pan de cada día en muchos ayuntamientos de Chiapas, ya no encaja con una ciudadanía que cada vez observa más, cuestiona más y denuncia más.
Ahí está el caso de Filemón Cruz Sánchez (discapacitado), quien lleva días protestando frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez porque quieren despojarlo de su vivienda. Su exigencia es tan simple como hacer justicia y darle protección a su patrimonio.
Junto con Juan Martínez Estrada, quien se asume como su abogado defensor, denuncia la existencia de un presunto cartel inmobiliario en Pichucalco que, según se comenta, opera bajo la protección del presidente municipal Andrés Carballo Córdova.
Cuando un ciudadano tiene que plantarse en la calle para ser escuchado, algo está fallando, y cuando las acusaciones apuntan hacia autoridades municipales, el asunto deja de ser un problema particular para convertirse en una cuestión de interés público.
Pero si hablamos de polémicas municipales, el caso que más ruido genera hoy es el de Tuxtla Gutiérrez, donde el alcalde Ángel Torres Culebro ha acumulado señalamientos públicos, cuestionamientos políticos y denuncias legales relacionadas con el mal manejo del erario.
La gota que, digamos, derramó el vaso ocurrió durante la sesión de Cabildo de este martes, donde se exhibió la contratación de una empresa encargada de la recolección de basura, hecho que llamó fuertemente la atención no únicamente por el cambio de proveedor, sino por “dobletear” el costo del servicio.
Durante años se pagaron alrededor de 14 millones de pesos mensuales, pero ahora, de acuerdo con los datos presentados, el nuevo contrato costará 28 millones de pesos al mes. En otras palabras, este “tuxtleco” importado de Tabasco no tiene llenadera.
Cualquier ciudadano que paga impuestos, agua, predial o licencias se pregunta ¿qué cambió para justificar semejante incremento? Solamente el presidente municipal. No hay otra explicación porque el partido en el poder es el mismo desde hace siete años y medio.
Si la basura se sigue recogiendo en los mismos camiones, en los mismos contenedores sin lavar, recorriendo las mismas calles y atendiendo a los mismos ciudadanos, no hay justificación alguna para elevar el costo de esa manera.
CUATROCIENTOS MILLONES
Los números son todavía más impresionantes cuando se observa el contrato completo. Entre lo que resta de 2026 y los primeros nueve meses de 2027, la empresa beneficiada podría recibir cerca de 400 millones de pesos.
Esta cifra que para cualquier familia resulta imposible siquiera de imaginar, para algunos gobiernos municipales parece adjudicarse con una facilidad sorprendente. Total, “hay paga”, diría el regidor Miguel Ángel Zárate.
Lo más delicado es que esta situación ocurre en un contexto donde la actual administración estatal ha presumido una política de combate frontal a la corrupción y hay hechos que respaldan esa narrativa.
Durante el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar hemos visto caer a varios alcaldes que parecían intocables. Algunos fueron desaforados. Otros fueron destituidos. Varios terminaron en El Amate.
Ahí está Ernesto Cruz Díaz, ex alcalde de Cintalapa, acusado de abuso de autoridad y malversación de recursos; también Blanca Yaneth Chiu López, de Jiquipilas, quien fue desaforada y detenida por presunta extorsión agravada.
De igual manera está José Antonio Villatoro, de Frontera Comalapa, vinculado a proceso por diversos delitos relacionados con presunta corrupción, desaparición forzada de personas, extorsión agravada, homicidio y supuestos vínculos con el crimen organizado.
La lista continúa con Francisco Javier Chambé Morales, ex alcalde de Ocozocoautla, quien también fue removido de su cargo.
Es decir, la justicia sí ha tocado las puertas de varios ayuntamientos, pero, al mismo tiempo, existe la percepción creciente de que los peces pequeños caen rápido, mientras los grandes siguen nadando y “alimentándose” tranquilamente.
La misma duda aparece cuando se menciona al senador José Manuel Cruz Castellanos, cuyo nombre ha aparecido en observaciones de auditorías federales relacionadas con el manejo de recursos durante su paso por la Secretaría de Salud estatal.
La lucha contra la corrupción no puede depender del tamaño del cargo, de los colores partidistas, de los poderes fácticos o de las amistades políticas, si la ley se aplica debe aplicarse parejo para todos.
Sassón
Los tiempos de la impunidad silenciosa se están agotando, o al menos esa es la esperanza.