IDENTIDAD POLÍTICA/JOSÉ ADÁN ALTÚZAR FIGUEROA/ULTIMÁTUM
La decisión de Claudia Sheinbaum de no responder de manera directa a los señalamientos de Sara Carter no parece un simple gesto de prudencia diplomática. Más bien revela el dilema político que enfrenta su gobierno: sostener una relación de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad sin aceptar, al mismo tiempo, una narrativa que coloca a México bajo sospecha permanente.
Una respuesta contenida frente a una presión creciente
Las advertencias de Carter, al señalar que la administración de Donald Trump actuaría también contra funcionarios o actores políticos que faciliten la operación de los cárteles, elevan el tono del mensaje estadounidense. No se trata solo de perseguir organizaciones criminales, sino de extender la presión hacia las estructuras políticas que, desde esa óptica, les permiten sostenerse.
Frente a ese escenario, la Presidenta Sheinbaum eligió una respuesta contenida. Al evitar entrar en una dinámica de réplica permanente, busca no amplificar un discurso externo que puede tener efectos políticos internos. Su mensaje, en esencia, es que la cooperación continúa, pero no bajo los términos narrativos fijados desde Washington.
En ese sentido, la estrategia estadounidense no solo apunta al combate operativo contra los cárteles, sino a consolidar una narrativa de corresponsabilidad política. El problema para México es que esa narrativa puede convertirse con facilidad en un mecanismo de presión diplomática y de desgaste para el gobierno federal.
La cooperación bilateral: necesaria, pero políticamente incómoda
Aquí aparece una de las contradicciones centrales del momento. Mientras Sheinbaum toma distancia de ciertos señalamientos, desde Estados Unidos se subraya que la cooperación bilateral atraviesa una etapa de mayor coordinación. Extradiciones, acciones conjuntas y medidas contra redes de protección criminal muestran que la relación entre ambos gobiernos no está rota; por el contrario, sigue activa en el terreno operativo.
Sin embargo, esa misma cooperación resulta políticamente incómoda. Para el gobierno mexicano, colaborar es indispensable; parecer subordinado, no. De ahí que el discurso oficial intente sostener una línea delicada: trabajar con Washington en seguridad, pero sin concederle la interpretación pública del problema.
El fentanilo como disputa narrativa y política
La insistencia de Sheinbaum en reclamar mayores acciones contra el tráfico de armas y en exigir políticas más eficaces para reducir el consumo de drogas en Estados Unidos responde a una lógica clara: desplazar parte de la responsabilidad hacia el país que también alimenta el problema. Es una forma de equilibrar el debate y de rechazar la idea de que México deba cargar por sí solo con el costo político del narcotráfico.
En la misma línea, al sostener que en México se localizan laboratorios dedicados principalmente a metanfetaminas y no a la fabricación integral de fentanilo, la presidenta busca disputar el centro del relato. No es solo una precisión técnica: es un intento por redefinir ante la opinión pública nacional e internacional cuál es exactamente la responsabilidad del Estado mexicano dentro de una crisis transnacional.
Al final, la disputa no gira únicamente en torno al fentanilo, sino al control del significado político del problema. Entre la cooperación obligada y la defensa de su margen de autonomía, Sheinbaum intenta evitar que la relación con Estados Unidos se traduzca en una aceptación tácita de culpas que, desde la narrativa mexicana, deben repartirse a ambos lados de la frontera.
Además, las acusaciones constantes evidencian falta de tacto diplomático y desconocimiento de la historia compartida entre México y Estados Unidos. Ambos países comparten más de 3 mil kilómetros de frontera, mantienen un intercambio comercial de gran escala y están unidos por una amplia comunidad mexicana en territorio estadounidense. A ello se suma un cruce permanente de personas en ambos sentidos a lo largo de la frontera más activa del mundo, que implica una derrama económica de grandes proporciones.
Ultimátum
El próximo lunes 22 de junio se publicará la convocatoria, por parte de MORENA, para quienes aspiren a gobernar 17 estados del país. A partir de entonces se intensificarán las acusaciones entre MORENA y la oposición, que ve en este proceso una oportunidad para recuperar terreno con miras a la elección presidencial de 2030. Sin embargo, desde ahora parece lejana la posibilidad de que la oposición retome el poder. Quienes hoy gobiernan conservan una posición de fuerza que dificulta ese escenario, salvo que ocurriera una crisis de gran magnitud con consecuencias graves para el país.
Ultimátum dos
En Chiapas también empieza a dibujarse una disputa en la que los distintos grupos no solo buscarán competir, sino asegurar espacios de poder. En ese tablero, la nueva ERA tendrá que demostrar, con resultados y control político, que puede garantizar estabilidad social y conducción institucional. La batalla se librará sobre todo en los 124 ayuntamientos que serán renovados y en la integración de los próximos 40 diputados, piezas clave para sostener políticas públicas, construir acuerdos y en las 13 diputaciones federales para definir el rumbo hacia 2030. Unos buscarán exhibir fuerza; otros, blindarse frente a posibles señalamientos de corrupción. En el fondo, como casi siempre en política, la verdadera pelea será por el control del poder. Por el momento, es cuánto.