MÁS ALLÁ DEL DISCURSO/CARLOS SERRANO/ULTIMÁTUM
Más de 145.5 millones de líneas telefónicas móviles operan actualmente en México, cifra que supera el número total de habitantes. Ante este universo, salta a la vista una pregunta que está generando una intensa discusión: si todas estuvieran registradas mañana a nombre de una persona plenamente identificada, ¿seríamos un país más seguro?
A pocos días de que venza el plazo establecido por el Gobierno Federal para el registro obligatorio de líneas celulares, el debate público se ha concentrado en las sanciones para quienes incumplan con esta disposición. Sin embargo, la verdadera discusión debería ser otra: ¿estamos frente a una herramienta eficaz para combatir la delincuencia o ante una medida que genera más expectativas que resultados?
Confieso que mi primera reacción cuando escuché la propuesta, el pasado 8 de diciembre, fue favorable. Ya que somos un país donde miles de personas han sido víctimas de extorsiones, fraudes telefónicos y secuestros virtuales, por lo que cualquier iniciativa orientada a dificultar la operación de los delincuentes merece ser analizada con seriedad. Sin embargo, el problema comienza cuando se confunde una buena intención con una estrategia efectiva.
La lógica detrás de la medida es aparentemente impecable. Si cada número telefónico está vinculado a una identidad verificable, las autoridades tendrían mayores posibilidades de rastrear a quienes utilizan las telecomunicaciones para cometer delitos.
Pero la realidad suele ser más compleja que la teoría, porque México ya recorrió este camino una vez.
En 2008 se creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, mejor conocido como RENAUT. El objetivo era prácticamente el mismo: asociar cada línea telefónica con la identidad de su propietario para combatir la delincuencia. En ese entonces millones de ciudadanos entregaron sus datos, pero pocos años después el padrón fue cancelado.
¿Por qué?
Porque no existían evidencias contundentes de que hubiera contribuido significativamente a reducir los delitos que buscaba combatir. Peor aún, la base de datos terminó siendo vulnerada y parte de la información de los usuarios apareció circulando de manera ilegal. El remedio comenzó a generar nuevos riesgos.
La experiencia debería invitarnos a la prudencia y México no es el único caso, dado que diversos países han implementado sistemas de registro obligatorio de tarjetas SIM.
Pakistán, por ejemplo, desarrolló uno de los esquemas más estrictos del mundo, incorporando incluso verificaciones biométricas mediante huellas digitales para la activación de líneas telefónicas. Aun así, las autoridades continúan enfrentando fraudes, extorsiones y mecanismos de suplantación de identidad. La lección es evidente, ya que si bien es cierto que identificar a los usuarios puede facilitar ciertas investigaciones, la verdad es que no elimina por sí mismo la actividad criminal.
En otras regiones del mundo, particularmente en algunos países africanos donde también se implementaron registros obligatorios, investigadores han documentado fenómenos igualmente reveladores. Muchas líneas terminan registradas a nombre de terceros, familiares o personas ajenas al verdadero usuario, reduciendo considerablemente la efectividad del sistema.
La razón es sencilla, puesto que los delincuentes se adaptan. Siempre lo han hecho.
Cuando se bloquea una ruta, encuentran otra. Cuando se endurece un control, buscan una alternativa. Cambian de número telefónico, utilizan identidades robadas, operan desde el extranjero o migran hacia aplicaciones de mensajería y plataformas digitales que escapan a los mecanismos tradicionales de supervisión.
Por eso, la pregunta correcta no es cuántos teléfonos podemos registrar, sino qué estrategias han demostrado realmente ser efectivas para debilitar a las organizaciones criminales.
Y aquí es donde la experiencia internacional apunta hacia otro camino, al de la inteligencia financiera.
Un teléfono puede desecharse en cuestión de minutos. Una tarjeta SIM puede cambiarse. Una cuenta en redes sociales puede desaparecer, pero el dinero deja huellas.
Las extorsiones, los fraudes, el lavado de dinero y buena parte de las actividades criminales terminan generando movimientos financieros que pueden rastrearse. Cada transferencia, depósito, retiro o compra construye una red de información mucho más valiosa para una investigación que el simple registro administrativo de una línea telefónica.
No es casualidad que los golpes más importantes contra organizaciones criminales en distintos países hayan surgido de investigaciones financieras complejas y no de registros masivos de ciudadanos.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera ha logrado congelar miles de cuentas vinculadas con operaciones ilícitas, afectando recursos por miles de millones de pesos asociados presuntamente con estructuras criminales. Seguir la ruta del dinero suele ofrecer mejores resultados que seguir la ruta de un teléfono que puede ser sustituido al día siguiente.
La misma lógica aplica al combate contra los delitos cibernéticos.
Hoy muchos fraudes ya no comienzan con una llamada telefónica. Inician mediante mensajes de WhatsApp, perfiles falsos en redes sociales, correos electrónicos fraudulentos o páginas diseñadas para robar información personal. Frente a esta realidad, la respuesta no puede limitarse a registrar números telefónicos.
México necesita fortalecer sus capacidades de investigación digital, profesionalizar el análisis forense tecnológico, mejorar la coordinación entre fiscalías, instituciones financieras y plataformas digitales, acelerar la judicialización de casos y desarrollar mecanismos más eficaces para proteger a las víctimas.
También necesita invertir seriamente en educación digital, porque también es cierto que una parte importante de los fraudes actuales no ocurre porque los delincuentes vulneren sistemas sofisticados, sino porque logran convencer a las personas de entregar información sensible o realizar transferencias voluntariamente. La prevención sigue siendo una de las herramientas más poderosas y menos aprovechadas.
Nada de esto significa que el Estado deba renunciar a combatir la delincuencia. Por el contrario, la seguridad ciudadana es una responsabilidad irrenunciable. Pero precisamente por ello las políticas públicas deben evaluarse no por sus intenciones, sino por sus resultados.
La protección de la ciudadanía requiere herramientas eficaces, no únicamente herramientas visibles y ahí radica el principal desafío de esta discusión.
La tecnología del siglo XXI ofrece enormes posibilidades para investigar delitos, pero también plantea riesgos inéditos para la privacidad y la protección de los datos personales. El equilibrio entre ambos valores exige algo más que buenas intenciones: exige evidencia.
Quizá el debate sobre el registro obligatorio de líneas telefónicas no debería centrarse en quién cumple y quién no cumple con el trámite.
La pregunta de fondo es mucho más importante: ¿estamos invirtiendo nuestros recursos en las herramientas que realmente reducen el delito?
Porque registrar no es investigar y acumular información no necesariamente genera inteligencia.
Los delincuentes pueden cambiar de número en cinco minutos. Pueden cambiar de teléfono en una hora. Pueden abrir una nueva cuenta digital en cuestión de días.
Lo que les resulta mucho más difícil es escapar de instituciones capaces de seguir el dinero, comprender sus redes, anticipar sus movimientos y actuar con eficacia.
Entonces, la seguridad del futuro no dependerá de quién tenga más datos almacenados, dependerá de quién sepa utilizarlos mejor.