En la Mira/Héctor Estrada
Si las versiones extraoficiales son ciertas, esta misma semana finalmente se estará publicando la convocatoria para renovar la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas (STSGECH). Y aunque, para muchos pudiera tratarse de un asunto estrictamente gremial, la realidad es que las implicaciones del hecho tienen efectos directos para toda la burocracia estatal.
Por que no se trata únicamente de elegir a un nuevo comité ejecutivo. Lo que está en juego es la supervivencia institucional de una organización que, durante meses, ha permanecido atrapada en una crisis de representación, que se ha prolongado más de lo esperado.
Desde finales de 2025 diversos resolutivos judiciales declararon la condición de acefalía dentro del sindicato, al determinar la inexistencia de una dirigencia con facultades legales vigentes. De manera concreta, el Juzgado Tercero Especializado en Materia Burocrática determinó que la convocatoria publicada el 11 de noviembre de 2025 era ilegal, pues fue emitida y firmada por el anterior comité ejecutivo central, cuyo periodo en funciones había concluido desde el 2 de octubre.
La consecuencia inmediata fue la paralización total de múltiples procesos internos y la profundización de una confrontación interna. No fue casual que, desde entonces, distintos grupos insistieran en la necesidad de instalar órganos electorales legítimos y convocar a elecciones abiertas para reconstruir la gobernabilidad interna. Por eso, el pasado mes de enero de 2026 finalmente se llamó a asamblea general y se eligió un nuevo comité electoral.
El problema es que el tiempo corre en contra.
El STSGECH no es cualquier sindicato. Se trata de la organización que agrupa a miles de trabajadores de base distribuidos en dependencias de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados y diversas instituciones públicas. Tan sólo en los procesos recientes se habló de una participación potencial superior a los dos mil 400 agremiados con capacidad de incidir en las decisiones sindicales.
Mantener una organización de esa magnitud sin dirigencia reconocida implica riesgos reales. Primero, porque se debilita la defensa colectiva de los derechos laborales. Ninguna negociación salarial, gestión administrativa o procedimiento de representación puede desarrollarse con la misma eficacia cuando existe incertidumbre sobre quién tiene la facultad legal para hablar en nombre de los trabajadores.
Segundo, porque la ausencia de liderazgo genera condiciones ideales para la fragmentación interna. Y tercero, porque la prolongación del conflicto podría abrir la puerta a escenarios aún más complejos, desde nuevas controversias legales hasta la pérdida de capacidad de interlocución frente a las autoridades estatales. Por eso la eventual emisión de la convocatoria no debe verse como el final del problema, sino como el inicio de la solución.
La verdadera prueba vendrá después: garantizar un proceso transparente, incluyente y con reglas claras. Al final, los trabajadores tendrán frente a sí una oportunidad histórica para cerrar un capítulo marcado por litigios, confrontaciones y acusaciones mutuas. Pero también enfrentan la responsabilidad de construir una dirigencia que recupere la credibilidad perdida… así las cosas.
Contacto: hectorestradaenlamira@gmail.com