COLABORACIÓN INVITADA/Sr. Smith/Ultimátum
En política, pocas cosas resultan tan delicadas como los rumores que cruzan fronteras. Y cuando esos rumores involucran a un exgobernador, a Estados Unidos y a la posibilidad de investigaciones de carácter internacional, el asunto deja de ser mera especulación de café para convertirse en un tema que exige prudencia, responsabilidad y, sobre todo, información verificable.
En los últimos meses han circulado versiones, comentarios de pasillo y toda clase de especulaciones en torno a la situación del exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Algunas voces aseguran que autoridades estadounidenses estarían integrando expedientes relacionados con diversos personajes políticos del país, particularmente aquellos que gobernaron entidades afectadas por la violencia y la expansión del crimen organizado.
Hasta este momento, es importante decirlo con claridad: no existe información oficial pública que confirme la existencia de una acusación penal en Estados Unidos contra Rutilio Escandón ni mucho menos una orden de captura internacional en su contra.
Sin embargo, la sola circulación de estas versiones revela algo que no puede ignorarse: el enorme desgaste político y social que dejó el sexenio anterior en Chiapas.
Durante la administración pasada, la entidad vivió uno de los periodos más complejos de su historia reciente. Municipios enteros quedaron atrapados entre disputas criminales, miles de familias fueron desplazadas, comunidades permanecieron sitiadas por grupos armados y la percepción ciudadana fue, en muchos casos, la de una profunda ausencia institucional.
Las imágenes de caravanas de desplazados, bloqueos carreteros, enfrentamientos armados y pueblos prácticamente abandonados dieron la vuelta al país y al mundo. Esa realidad marcó para siempre la memoria colectiva de los chiapanecos.
Por ello, no sorprende que hoy exista un amplio sector de la sociedad que demande investigaciones exhaustivas sobre lo ocurrido durante aquellos años.
La exigencia no es exclusiva de Chiapas. A nivel nacional, la discusión sobre la responsabilidad de gobernantes frente al crecimiento de la violencia ha cobrado fuerza. Cada vez son más las voces que consideran que la omisión, la negligencia o la incapacidad institucional también deben ser sujetas de revisión.
Si alguna autoridad nacional o extranjera considera que existen elementos para iniciar investigaciones, estas deberán realizarse con absoluto apego al derecho, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
Pero también es cierto que la sociedad tiene derecho a conocer la verdad.
Porque en Chiapas aún quedan demasiadas preguntas sin respuesta.
¿Qué ocurrió para que amplias regiones del estado quedaran bajo el control de grupos criminales? ¿Por qué durante tanto tiempo se minimizó la crisis de seguridad? ¿Quiénes permitieron que la violencia escalara hasta niveles inéditos? ¿Hubo omisiones, complicidades o simplemente incapacidad gubernamental?
Las respuestas a esas interrogantes no pueden permanecer indefinidamente en el terreno de la especulación.
El nuevo contexto político nacional parece apuntar hacia una mayor rendición de cuentas. La política de cero impunidad impulsada desde distintos niveles de gobierno ha colocado un mensaje claro: nadie debe estar por encima de la ley.
Si existen responsabilidades, deberán acreditarse ante los tribunales y no en las redes sociales. Si no las hay, también deberá demostrarse.
Porque la justicia no puede construirse a partir del rumor, pero tampoco puede ser rehén del silencio.
Los chiapanecos merecen conocer toda la verdad sobre uno de los periodos más dolorosos de su historia reciente.
Y esa verdad, tarde o temprano, terminará por abrirse paso.