TAROT POLÍTICO/ AMET SAMAYOA ARCE
Si la información que hoy sale a la luz es investigada con seriedad, el Ayuntamiento de Tuxtla podría estar frente a uno de los peores escándalos por un saqueo del dinero público sin precedentes. No se trataría de unos cuantos litros de gasolina desaparecidos, sino de un presunto mecanismo perfectamente aceitado para “escamotear” cerca de 900 mil pesos mensuales únicamente del presupuesto destinado al combustible de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Lo más grave no sería únicamente el presunto robo, porque lo verdaderamente truculento es que, según el testimonio y la documentación que obran en los archivos de Ultimátum, el alcalde Ángel Torres “el caído” fue informado directamente de estas maniobras de corrupción y, en lugar de ordenar una investigación, habría optado por mirar hacia otro lado y advertido tajantemente al denunciante -que fue separado de su cargo por negarse a recibir un “sobre amarillo” con dinero entregado por el oficial mayor Javier Walter Avendaño- se mostró cómplice. Después buscó al presidente municipal y la respuesta, según relata, fue reveladora porque prometió reinstalarlo siempre y cuando dejara de “meterse en problemas”. En un segundo encuentro auspiciado repitió prácticamente el mismo mensaje afirmando luego entonces que está enterado y evidentemente solapa o induce estos presuntos actos de pillaje y corrupción.
“No te metas en problemas”
Vea usted que los números son demoledores: presupuesto diario para combustible ronda los 106 mil 800 pesos, mientras el consumo real apenas alcanza los 78 mil. La diferencia supera los 28 mil pesos diarios, es decir, alrededor de 864 mil pesos al mes, dinero que, de acuerdo con la denuncia, al parecer desaparece mediante la manipulación de tarjetas de combustible y bitácoras presuntamente alteradas. La operación, según la documentación entregada a esta columna, comenzó -cuando menos se descubrió- en junio de 2025 con la llegada del oficial mayor Javier Walter Avendaño. A partir de entonces fueron incorporándose exfuncionarios del área administrativa de Seguridad Pública para concentrar el control del combustible. Habría que indagar sobre los siguientes nombres: Carlos Alberto Paniagua Cunjamá, ex coordinador administrativo de seguridad pública; Adriana Alicia Arizmendi Hernández, ex encargada del área de recursos materiales de seguridad pública, al igual que Pedro Velázquez García, encargado de combustible ex encargado del área financiera de seguridad pública donde su jefe era Carlos Alberto Paniagua; al igual Pedro Velázquez (padre), auditor de la presidencia municipal. Lilia Jiménez Coronel, quien sin tener nombramiento se dice que tiene acceso a información oficial. Vale la pena investigar también a Saydel Alejandra Gutiérrez y Osmar Vila, todos ellos presuntamente involucrados en el “ajo”. Importante mencionar que, con todo este engranaje, trasciende que se creó una base de datos que, paradójicamente, serviría para registrar tanto las cargas como el supuesto sobrante del dinero. El esquema habría ido perfeccionándose hasta integrar a nuevos operadores administrativos, mientras que personas señaladas por irregularidades en administraciones anteriores continuaban teniendo acceso a documentación oficial, incluso sin contrato vigente. Pero, la denuncia va todavía más lejos: se asegura que existiría un mecanismo mediante el cual particulares cargan combustible pagando en efectivo, mientras el cobro se realiza utilizando tarjetas asignadas a patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública. Si esta acusación resulta cierta, ya no estaríamos hablando únicamente de corrupción administrativa, sino de del delito de fraude sistemático contra el patrimonio de los tuxtlecos.
Interrogantes que exigen respuestas
Y aquí aparece otro nombre: la gasolinera La Fuente, cuyos operadores, según la denuncia, habrían participado en el esquema. Será la autoridad competente la que determine responsabilidades, pero las preguntas son inevitables. ¿Cómo puede desaparecer casi un millón de pesos cada mes sin que nadie en Tesorería lo advierta? ¿Cómo es posible que personas sin nombramiento tengan acceso a documentos oficiales? ¿Por qué, si la denuncia llegó al escritorio del alcalde, de Tabla su secretaria particular y de la Coordinación de Gabinete, no se abrió una investigación interna. Evidentemente cuando quien gobierna conoce una denuncia de esta magnitud y no actúa, deja de ser un simple espectador para cargar con el costo político de la omisión y complicidad. Esta columna cuenta con capturas de pantalla, reportes semanales de consumo, órdenes de pago, bases de datos y documentación que insertamos en esta edición. Ahora corresponderá a las autoridades fiscalizadoras, a la Auditoría Superior y, de ser necesario, a la Fiscalía Anticorrupción, determinar si estamos frente a una denuncia falsa o frente a una red que convirtió la gasolina de las patrullas en la caja chica de unos cuantos.
De Tarot y Adivinanza
Importante subrayar que se sabe que el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, David Hernández Pérez, se negó a firmar los pagos porque se dice que no se le permitió el acceso para saber el manejo de bitácoras y pagos de los combustibles para las unidades a su cargo, por lo que omitieron su nombre de los formatos que autoriza el Oficial Mayor Javier Walter Avendaño Córdova. Seguramente porque el jefe policiaco no pertenece a la camarilla del Ángel “caído” Torres… Servidos.
