#ALAHORADELPOZOL/DANIEL SOLÓRZANO
Sin lugar a dudas el teléfono móvil es parte de nuestra vida: nos conecta con la familia, el trabajo, el banco y los servicios de emergencia. Tener una línea registrada ayuda a que exista mayor certeza sobre su titular y dificulta que sea utilizada de forma anónima para cometer delitos como extorsiones, fraudes o amenazas, etc…
Alrededor del planeta, el registro de líneas telefónicas ha sido una herramienta para fortalecer la seguridad y facilitar las investigaciones cuando se cometen delitos, siempre bajo el marco de la ley y con la protección de los datos personales, es la base fundamental.
Si eres un ciudadano que usa su teléfono celular de manera responsable, registrar tu línea es una forma de contribuir a una sociedad más segura. La tecnología debe servir para proteger a las personas, no para facilitar que los delincuentes actúen en el anonimato, y vulneren la seguridad personal, familiar o colectiva.
Cada vez que el Estado implementa una medida relacionada con la seguridad pública, surge el mismo debate: ¿hasta dónde estamos dispuestos a ceder en nombre de la protección ciudadana? El registro obligatorio de las líneas celulares no ha sido la excepción.
Más allá de las posturas ideológicas, hay un dato que no puede ignorarse: México enfrenta un problema serio de extorsión telefónica. De acuerdo con cifras oficiales citadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), durante 2024 se registraron alrededor de 7.4 millones de extorsiones, y casi nueve de cada diez fueron cometidas por vía telefónica. Es decir, el teléfono celular se ha convertido en una de las principales herramientas utilizadas por la delincuencia.
El problema se agrava cuando observamos otra estadística. En el país existen aproximadamente 160 millones de líneas móviles activas, una cifra superior a la población nacional debido a que muchas personas poseen más de un número. Durante años, alrededor del 85 % de las líneas de prepago podían adquirirse sin quedar vinculadas a una identidad, lo que facilitó el anonimato para quienes cometían fraudes, amenazas y extorsiones.
Quienes respaldan el registro sostienen que el objetivo no es vigilar a la ciudadanía, sino cerrar esa puerta al anonimato criminal. De hecho, el proceso no implica la creación de un padrón gubernamental con datos biométricos; las compañías telefónicas son las responsables de resguardar la información personal conforme a la legislación de protección de datos.
Sin embargo, también existen cuestionamientos legítimos. Organizaciones especializadas en derechos digitales advierten que un registro, por sí mismo, no garantiza una reducción de la delincuencia y que el verdadero desafío será proteger adecuadamente la información personal y evitar filtraciones o usos indebidos. También recuerdan que la eficacia dependerá de la capacidad de investigación de las autoridades y no únicamente de vincular una línea a un nombre.
Esa discusión es sana. Una democracia necesita ciudadanos que pregunten, cuestionen y exijan garantías. Pero también necesita reconocer que el anonimato absoluto en las telecomunicaciones ha sido aprovechado durante años por quienes viven de engañar y sembrar miedo.
Hasta finales de junio de 2026 ya se habían registrado 63 millones de líneas, aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer frente a las más de 161 millones existentes en el país, razón por la cual las autoridades ampliaron los plazos para completar el proceso.
La realidad demuestra que ninguna medida aislada resolverá el problema de la inseguridad. El registro de líneas telefónicas no sustituye la inteligencia policial, la investigación ministerial, la prevención del delito ni el fortalecimiento de las instituciones de justicia. Es, en el mejor de los casos, una herramienta adicional.
La verdadera pregunta no es si debemos elegir entre libertad o seguridad. La pregunta correcta es si somos capaces de construir mecanismos que garanticen ambas al mismo tiempo: proteger los derechos de los ciudadanos mientras se dificulta el camino de quienes utilizan la tecnología para delinquir.
Porque una sociedad libre también necesita sentirse segura. La seguridad es una responsabilidad compartida. Un pequeño trámite puede representar un gran paso para cuidar a nuestras familias y a nuestra comunidad. Así que yo decido registrar mi línea.