COLABORACIÓN INVITADA/SR. SMITH/ULTIMÁTUM
Durante décadas, la justicia mexicana fue criticada por su frialdad. Expedientes, códigos y sentencias parecían suficientes para resolver cualquier caso, sin detenerse a mirar las circunstancias que llevaron a una persona frente a un juez. La ley era la ley, se repetía, aunque muchas veces terminara castigando con el mismo rigor historias profundamente distintas.
Esa visión comenzó a cambiar lentamente con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Hoy, en Chiapas, ese cambio empieza a traducirse en hechos concretos.
La liberación de 17 mujeres privadas de la libertad, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén, representa mucho más que un acto protocolario. Es la confirmación de que la justicia puede aplicarse sin perder de vista el contexto humano de quienes comparecen ante ella.
No se trata de impunidad.
Tampoco de perdonar delitos por razones emocionales.
Se trata de comprender que la igualdad ante la ley no significa ignorar las desigualdades de origen que muchas veces condicionan las decisiones de las personas. Juzgar con perspectiva de género implica precisamente eso: analizar las circunstancias de violencia, pobreza, dependencia económica, discriminación o vulnerabilidad que pudieron influir en la comisión de determinados delitos.
Ese principio quedó fortalecido en Chiapas con la denominada Ley Petrona, una reforma que hoy permite a juezas y jueces valorar cada caso desde una visión más amplia de los derechos humanos.
Las 17 mujeres que recuperaron su libertad no fueron beneficiadas por un acto de buena voluntad. Su situación fue analizada individualmente por una Comisión Interinstitucional con Enfoque Humanista, integrada por diversas autoridades que revisaron cada expediente conforme al marco jurídico vigente.
Es decir, hubo ley.
Pero también hubo sensibilidad.
En su mensaje, Eduardo Ramírez recordó que la libertad constituye el bien jurídico más importante de cualquier persona. Sin embargo, el anuncio más relevante quizá fue otro: las mujeres liberadas no solamente regresarán a sus hogares; recibirán respaldo institucional para emprender proyectos productivos que les permitan reconstruir sus vidas.
Ese detalle cambia por completo el sentido de la decisión.
Porque liberar sin acompañar puede convertirse en una condena silenciosa. Una persona que recupera su libertad, pero vuelve al mismo entorno de pobreza, violencia o abandono que la llevó originalmente al conflicto con la ley, difícilmente encontrará oportunidades reales para cambiar su historia.
La reinserción social exige algo más que abrir la puerta de un centro penitenciario.
Exige construir condiciones para que esa segunda oportunidad tenga posibilidades de éxito.
Ahí radica el valor del trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género.
El mensaje institucional resulta claro: la justicia no concluye cuando se dicta una resolución; continúa mientras el Estado genera condiciones para que las personas puedan reincorporarse dignamente a la sociedad.
También merece destacarse el papel asumido por el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén.
Desde el Poder Judicial ha impulsado una visión que entiende que juzgar con perspectiva de género no significa favorecer automáticamente a las mujeres, sino garantizar que las decisiones judiciales consideren las condiciones reales de desigualdad que todavía persisten en nuestra sociedad.
Ese cambio cultural probablemente será uno de los legados más importantes de la llamada Nueva ERA.
Porque durante muchos años la justicia fue percibida como una institución distante, inaccesible y profundamente burocrática. Hoy comienza a construirse una narrativa distinta, donde el rigor jurídico puede convivir con el humanismo sin poner en riesgo el Estado de derecho.
Naturalmente, siempre existirán voces que cuestionen este tipo de decisiones. Habrá quienes consideren que toda liberación constituye una señal de debilidad institucional. Sin embargo, la fortaleza de un sistema judicial no se mide por el número de personas encarceladas, sino por su capacidad para impartir justicia con legalidad, imparcialidad y respeto irrestricto a los derechos humanos.
Las sociedades más avanzadas no son aquellas que más castigan.
Son aquellas que logran que cada vez menos personas vuelvan a delinquir porque encontraron una verdadera oportunidad para rehacer su vida.
Las 17 mujeres que hoy recuperan su libertad tienen ahora un enorme compromiso con ellas mismas, con sus familias y con la sociedad que les brinda una segunda oportunidad.
Pero también las instituciones asumen una responsabilidad igual de importante: demostrar que el humanismo no es solamente un discurso político, sino una forma distinta de ejercer la justicia.
Porque cuando la ley es capaz de proteger la dignidad sin renunciar a su firmeza, entonces la justicia deja de ser únicamente una sentencia y comienza a convertirse en esperanza.