FILÍPICAS/PACO RAMÍREZ/ULTIMÁTUM
«Chiapas no necesita el permiso de Silicon Valley para proteger a su niñez»
Hay que decirlo sin maquillaje: el gobierno debe desenchufar a los niños chiapanecos de las redes, y debe hacerlo ya. No como sugerencia, no como recomendación en un folleto de la SEP, sino como política de Estado con dientes. El Ejecutivo Federal y la Secretaría de Educación Pública anunciaron, por fin, un debate nacional para regular las plataformas digitales, la inteligencia artificial y las redes sociales en menores de edad. Llega tarde, pero llega. Y llega a un asunto que hace mucho dejó de ser problema de cada casa para convertirse en una crisis de salud pública que el Estado mexicano prefirió ignorar mientras una generación entera se hundía en la pantalla. Que Chiapas sea sede del foro regional el 3 de septiembre no es casualidad geográfica: es la confirmación de una deuda histórica. En una entidad que comparte con Oaxaca y Guerrero los índices más agudos de rezago educativo y analfabetismo del país, dejar que millones de niños crezcan con un celular en la mano y ninguna supervisión pedagógica no fue negligencia menor: fue una decisión —o una omisión— con nombre y apellido, tomada por autoridades educativas que miraron para otro lado.
Porque seamos claros: el discurso sociológico ya lo sabíamos desde hace años. El uso temprano y desmedido de teléfonos celulares en comunidades vulnerables no democratizó nada. No acercó a nadie al conocimiento. Fue, lisa y llanamente, un distractor que erosionó los procesos básicos de lectoescritura mientras funcionarios y consejos escolares celebraban «conectividad» como si fuera sinónimo de aprendizaje. El 90% de los adolescentes del país interactúa a diario con internet, y solo ahora —solo ahora— la Presidencia se dispone a exponer en mesas técnicas de agosto lo que cualquier padre de familia atento pudo notar en su propia sala: que los algoritmos de las grandes plataformas no están diseñados para educar ni para entretener con inocencia, sino para generar adicción conductual, destruir ciclos de sueño y minar la salud mental de las infancias con dinámicas hipercompetitivas que nada tienen que ver con su entorno real. Eso no es un efecto secundario. Es el modelo de negocio.
¿Y el marco normativo? Existe, a medias. Dieciséis entidades federativas restringen o prohíben el uso de celulares en las aulas. Bien. Pero una prohibición dentro del salón de clases sin una reforma de fondo a la Ley General de Educación —y sin voluntad política para trasladar la responsabilidad legal a las corporaciones tecnológicas, no a los menores— es cosmética. Es la foto sin la sustancia. Si el Congreso de la Unión quiere hacer algo más que simular, tendrá que mirar a Francia, a Italia, a China: modelos que no le piden permiso a Silicon Valley para proteger a su infancia. Aquí, en cambio, seguimos debatiendo si es «viable» regular a empresas que facturan miles de millones diseñando trampas para la atención de un niño de diez años.
Por eso el foro del 3 de septiembre en Chiapas no se puede dar el lujo de ser otra mesa de buenas intenciones. Si se convierte en pasarela política —fotografías, discursos, boletín de prensa y de vuelta a lo mismo— será una traición más a un derecho consagrado en el artículo 3º constitucional: el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Y aquí también hay una responsabilidad que no le corresponde solo al Estado: hay padres y madres de familia que le entregaron el celular a un niño de tres años para comprar quince minutos de silencio, y hay escuelas que normalizaron el «screentime» como premio pedagógico. La regulación que viene de arriba no sirve de nada si abajo, en cada casa chiapaneca, seguimos usando la pantalla como niñera.
«Desenchufar» a la niñez del sureste no es nostalgia de quien añora un pasado sin tecnología. Es la única vía urgente y honesta para resarcir brechas de alfabetización que llevamos décadas cargando. La adicción digital en la infancia no se regula con un foro, un boletín o una ley que nadie va a vigilar: se combate con autoridades que dejen de simular, con escuelas que dejen de ceder y con familias que dejen de delegar en un algoritmo la crianza que les corresponde. Lo demás es, otra vez, pantallas y rezago
