MÁS ALLÁ DEL DISCURSO/CARLOS SERRANO/ULTIMÁTUM
La difusión del caso de un niño víctima de abuso sexual en el municipio de Sabanilla ha provocado una profunda indignación en Chiapas y en todo México. La reacción social es comprensible. No existe persona con un mínimo de sensibilidad que no experimente rabia, impotencia y dolor al conocer hechos de esta naturaleza.
Sin embargo, una vez que la indignación inicial disminuye, surge una pregunta más compleja y necesaria: ¿por qué siguen ocurriendo estos delitos en un país que, al menos en el papel, ha fortalecido como nunca antes la protección jurídica de niñas, niños yadolescentes?
La respuesta obliga a mirar más allá del caso concreto, ya que durante las últimas dos décadas, México ha construido uno de los andamiajes normativos más robustos de su historia en materia de derechos de la infancia.
Por ejemplo, en 2014 se promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que reconoció plenamente a los menores de edad como sujetos de derechos. Un año después se creó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), con el propósito de coordinar acciones entre los distintos órdenes de gobierno para garantizar su protección.
Más recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha consolidado criterios que permiten perseguir delitos sexuales cometidos contra menores incluso muchos años después de ocurridos, privilegiando el interés superior de la niñez.
Evidentemente, México ha avanzado, el problema es que las leyes, por sí solas, no protegen a nadie, ya que la realidad demuestra que existe una enorme distancia entre lo que establecen los ordenamientos jurídicos y lo que viven miles de niñas y niños en sus hogares, escuelas y comunidades.
Los datos son contundentes. Tan sólo durante el primer semestre de 2026 se registraron 17 mil 511 víctimas menores de edad por delitos sexuales en México, un promedio de 97 casos cada día. Jalisco, Ciudad de México y Veracruz concentraron aproximadamente una cuarta parte de estos delitos. Más alarmante aún resulta que el 42 por ciento de las víctimas tenían entre cero y doce años de edad, y aun así, las cifras oficiales probablemente muestran sólo una parte del problema.
Diversos estudios y organismos especializados como el INEGI han advertido que la cifra negra en delitos sexuales contra menores continúa siendo terriblemente alta. Algunas estimaciones señalan que apenas una fracción de los casos llega a denunciarse y ser investigada. El miedo, las amenazas, la dependencia económica y los vínculos familiares con los agresores siguen siendo barreras que silencian a miles de víctimas.
Aquí es donde aparece una de las realidades más incómodas de aceptar, donde la mayoría de losagresores no son desconocidos.
Con frecuencia se trata de familiares, padrastros, vecinos, amigos cercanos o personas que forman parte del círculo de confianza de la víctima. Los casos recientes documentados en distintas entidades del país muestran una constante: el peligro suele encontrarse mucho más cerca de lo que la sociedad está dispuesta a reconocer.
Por eso el problema no puede reducirse solamente a una discusión sobre castigos más severos, ya que el verdadero desafío es mucho más profundo.
La prevención sigue siendo insuficiente. La detección temprana continúa fallando. Los servicios psicológicos especializados son escasos en numerosas regiones del país. Las fiscalías enfrentan rezagos importantes y las comunidades todavía cargan con estigmas que dificultan la denuncia.
A ello se suma otro factor preocupante, que es la desigualdad territorial, ya que no es lo mismo ser víctima en una ciudad que cuenta con fiscalías especializadas, personal capacitado y redes de atención integral, que en una comunidad rural -como en este caso “Los naranjos”- donde el acceso a servicios de protección puede encontrarse a horas de distancia. Es decir, la protección de los derechos de la infancia sigue dependiendo, en muchos casos, del lugar donde se nace.
La experiencia internacional demuestra además que ninguna sociedad ha logrado resolver este problema únicamente mediante reformas legales. Cuando la impunidad persiste, incluso las mejores leyes pierden capacidad disuasiva. El desafío no consiste solamente en crear nuevas normas, sino en garantizar que las existentes se apliquen de manera efectiva y oportuna.
Por ello, el verdadero debate no debería centrarse exclusivamente en cuántos años de prisión merecen los responsables de estos delitos. Entonces, la pregunta obligada es: ¿qué estamos haciendo para evitar que ocurran?
Porque cuando un niño es víctima de violencia sexual, el sistema completo ha fallado. Falló la familia que no detectó señales de alerta. Falló la comunidad que guardó silencio. Falló la escuela que no logró identificar el riesgo. Fallaron las instituciones que no llegaron a tiempo y falló una sociedad que con frecuencia reacciona con indignación cuando el caso se vuelve viral, pero olvida rápidamente la necesidad de impulsar cambios de fondo.
El caso de Sabanilla debe servir para exigir justicia. Pero también debe obligarnos a reflexionar sobre algo más importante, que es que la protección de la infancia no comienza cuando se abre una carpeta de investigación, comienza mucho antes.
Comienza cuando una niña o un niño sabe que será escuchado, cuando una familia comprende que denunciar vale la pena, cuando una comunidad decide no guardar silencio. Cuando una autoridad responde con eficacia y cuando la sociedad entiende que ninguna sentencia, por ejemplar que sea, puede devolverle a una víctima la infancia que le fue arrebatada.
México ha avanzado en leyes, sí, pero ahora el reto es convertir esos avances en protección real, porque mientras sigamos contando víctimas, la deuda con nuestra infancia seguirá pendiente.
