COLABORACIÓN INVITADA/NIZALEB CORZO/ULTIMÁTUM
Durante siete años, la política salarial mexicana logró algo que la ortodoxia juraba imposible. El salario mínimo creció más de 118% en términos reales desde 2018, y no ocurrió ninguna de las catástrofes anunciadas. No se disparó el desempleo. No se desató la inflación. La informalidad, lejos de crecer, cedió terreno. Quien apostó a que subir el piso hundiría el barco perdió la apuesta, y conviene decirlo con todas sus letras porque el reconocimiento honesto de un acierto ajeno es la única credencial que da derecho a la crítica que sigue.
Y la crítica es esta. La política funcionó porque partió de un sótano. El mínimo mexicano venía de tres décadas de deterioro, tan deprimido que en 2018 estaba 29% por debajo de su nivel de 1976 y era comparable al de hace más de medio siglo. Recuperar desde ese fondo es relativamente barato en términos económicos, porque cada peso de aumento no hacía más que devolver poder de compra perdido, sin presionar la estructura productiva por encima de lo que podía absorber. El aumento no fue un salto hacia adelante. Fue el regreso desde un despeñadero. Y esa es precisamente la razón por la que no puede repetirse en los mismos términos.
Los datos que el discurso oficial celebra esconden la advertencia. El salario real creció al triple de la velocidad que la productividad laboral, que en México lleva años esencialmente estancada. Mientras el mínimo recuperaba terreno perdido, ese desacople fue absorbible, porque había margen. Pero el margen se agota. Cada aumento futuro que no venga acompañado de una ganancia real de productividad ya no recupera nada, sino que erosiona directamente el costo unitario laboral, el margen de la empresa o el precio que paga el consumidor. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado lo ha dicho sin adornos, y por una vez el sector privado organizado tiene razón. La política que fue virtuosa por venir de abajo se vuelve riesgosa cuando ya no queda abajo del cual venir.
Aquí aparece el dato que casi nadie está leyendo bien. Durante estos años, el temido «efecto faro» —el arrastre del mínimo sobre toda la escala salarial— prácticamente se apagó. El Banco de México estimó que hacia principios de la década pasada ese arrastre era de 0.85; es decir, cada punto de aumento al mínimo movía 0.85 puntos las revisiones del resto. De 2018 a la fecha, ese efecto se volvió considerablemente menor. El mínimo subió sin llevarse consigo al salario de en medio.
Léase despacio lo que eso significa, porque tiene dos caras y ambas incomodan. Para la iniciativa privada fue un alivio de costos que rara vez agradece en público. El aumento al piso no contaminó toda la nómina, y por eso el golpe macro fue tan menor. Pero ese alivio tuvo un dueño del otro lado. El costo que la empresa se ahorró es, exactamente, el ingreso que el trabajador de en medio dejó de ganar. Su salario no se movió aunque el piso se elevara bajo sus pies. El resultado es una compresión brutal de la estructura salarial hacia abajo, con el mínimo convertido de piso en techo. Cuatro de cada diez ocupados ganan hoy hasta un salario mínimo, cuando hace seis años eran menos de dos de cada diez, y quienes ganaban de tres a cinco mínimos casi se extinguieron, de 9.5 millones a poco más de dos.
Y entonces la pregunta de fondo, la que el triunfalismo evita. ¿Prosperaron las familias? El trabajador individual que gana el mínimo compra más hoy que en 2018, eso es cierto y no es poco. Pero el ingreso laboral por persona que entra al hogar se estancó, y el mínimo mensual sigue sin alcanzar para que una familia promedio cubra la línea de pobreza por ingresos. Se reparó el piso del trabajador. No se reparó el ingreso del hogar. Entre esos dos hechos cabe la distancia entre una buena noticia de nómina y una vida que mejora, y no son lo mismo.
De ahí que la conversación pendiente no sea si hay que seguir subiendo el mínimo. Ese debate ya es viejo y se ganó. La conversación que nadie quiere abrir es qué se hace cuando el instrumento que funcionó llega a su límite natural. Seguir empujando el piso por decreto, sin tocar la productividad, ya no recupera dignidad, sino que traslada el conflicto al margen de las empresas más frágiles y al bolsillo del consumidor. Y no hacer nada condena al asalariado de en medio a un estancamiento silencioso que ninguna cifra de mínimo va a resolver.
México pasó siete años discutiendo el número del piso. El país que viene se juega en otra pregunta, más difícil y menos vistosa. No cuánto sube el salario, sino de dónde va a salir el valor que lo sostenga. Esa conversación no la está teniendo ni el gobierno, que prefiere el aplauso del aumento anual, ni la iniciativa privada, que prefiere la queja cómoda del costo. Y mientras ninguno la abre, el reloj de la productividad sigue corriendo en contra de los dos.
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El autor es Consultor Estratégico, Consejero Empresarial Independiente y autor de Arquitectura o inercia.
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@NizalebCorzo
