IDENTIDAD POLÍTICA/JOSÉ ADÁN ALTÚZAR FIGUEROA
En política, los discursos anticorrupción suelen sonar bien hasta que la realidad los pone a prueba. En Chiapas, esa prueba ya llegó. Las recientes detenciones de funcionarios y exfuncionarios vinculados a áreas sensibles como salud y educación han colocado al gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar frente a una pregunta inevitable: ¿estamos ante el inicio de una limpieza profunda o ante el primer gran incendio político de su administración?
La Fiscalía General del Estado y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno han comenzado a mover piezas que durante años parecían intocables. Las investigaciones apuntan a presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, procesos de contratación sin sustento suficiente, ausencia de dictámenes técnicos y económicos, y una preocupante falta de comprobación sobre servicios supuestamente contratados. Lo que antes se ocultaba en expedientes administrativos hoy empieza a tomar forma de carpetas de investigación.
El caso del programa estatal de alfabetización “Chiapas Puede” resulta particularmente delicado. No se trata de cualquier programa: hablamos de una bandera social, de una promesa dirigida a quienes históricamente han sido excluidos del derecho a la educación. Por eso, las sospechas sobre el uso irregular de tarjetas bancarias y recursos destinados a beneficiarios no solo configuran un posible daño patrimonial; representan una traición política y moral a la población más vulnerable.
En el sector salud, el asunto es todavía más grave. La sombra de licitaciones irregulares, compras con sobreprecio, omisiones administrativas y posibles desfalcos revive una vieja herida chiapaneca: la de los hospitales con carencias, los pacientes esperando medicamentos y los proveedores atrapados entre deudas, presiones y burocracia. Cuando el dinero público destinado a la salud se convierte en botín, la corrupción deja de ser un delito de escritorio y se transforma en una forma de violencia institucional.
Los procedimientos de inhabilitación anunciados contra servidores públicos del área de adquisiciones son una señal importante, pero insuficiente si no desembocan en responsabilidades concretas. En Chiapas ya se conocen de sobra las auditorías que terminan en carpetas olvidadas, los expedientes que se enfrían y los nombres que desaparecen cuando el costo político se vuelve incómodo. La diferencia entre una campaña anticorrupción y una política de Estado se mide precisamente ahí: en la capacidad de llegar hasta el final, aunque duela.
El gobernador Eduardo Ramírez ha insistido en que “nadie es intocable”. La frase funciona, tiene fuerza y comunica autoridad. Pero en política las frases no gobiernan; gobiernan las decisiones. Si la advertencia se queda en mensajes, perderá fuerza en cuestión de semanas. Si, por el contrario, se traduce en investigaciones serias, procesos transparentes y sanciones sin distingos, entonces podría marcar una ruptura real con prácticas que han acompañado a la administración pública durante décadas.
La prueba mayor no será detener a seis funcionarios ni anunciar doce procedimientos. La verdadera prueba será demostrar que la justicia no se administra por conveniencia, por coyuntura o por cálculo político. Porque si las investigaciones alcanzan únicamente a mandos medios, operadores menores o piezas sacrificables, la ciudadanía entenderá el mensaje de siempre: se castiga al eslabón visible, pero se protege la cadena de mando.
La secretaria Anticorrupción, Ana Laura Romero Basurto, ha señalado que existe vigilancia sobre dependencias con alto presupuesto, entre ellas Salud, Educación, INIFECH y Protección Civil, entre otras. Esa ruta preventiva es necesaria, porque combatir la corrupción después del daño es apenas una forma tardía de contabilidad moral. Lo importante es impedir que el dinero se fugue antes de que llegue a las escuelas, a los hospitales o a las obras públicas.
La corrupción no solo vacía las arcas públicas; también erosiona la confianza social, degrada las instituciones y alimenta la idea peligrosa de que el poder sirve para enriquecerse, no para servir.
Por eso, el gobierno de la llamada Nueva ERA enfrenta un momento definitorio. Puede convertir estos casos en una oportunidad para demostrar que su narrativa de cero corrupción tiene sustento, o puede permitir que se conviertan en el primer síntoma de desgaste prematuro. La sociedad observará no solo quiénes caen, sino quiénes permanecen protegidos; no solo qué se anuncia, sino qué se resuelve. En estas acciones va implícito el futuro político.
Si en Chiapas de verdad nadie es intocable, entonces la investigación debe subir, bajar y atravesar todos los niveles necesarios. Porque cuando el dinero del pueblo se pierde, no basta con encontrar culpables administrativos: hay que desmontar las redes que hicieron posible el saqueo.
Eduardo Ramírez no solo está persiguiendo presuntos actos de corrupción; está siendo medido por ellos. Y en política, pocas mediciones son tan implacables como aquella que compara la palabra empeñada con la realidad descubierta.
Ultimátum
Ante los últimos acontecimientos administrativos y judiciales, la opinión del ciudadano común es clara:dos áreas sustantivas de la administración del jaguar(educación y salud) se tambalean. La diferencia congobiernos anteriores es que antes las irregularidades existían, pero se esperaba a que el gobernador en turno concluyera su mandato para que la sociedad las conociera. Hoy, en cambio, el gobernador actúa conforme a las circunstancias, sin importar el momento ni quién resulte responsable.
Ultimátum dos
La clavadista chiapaneca Alejandra Estudillo Torres, originaria del municipio de Ixtacomitán, Chiapas. Obtuvo medalla de Oro en la prueba de plataforma de 10 metros individual femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Por el momento, es cuánto.
