EN LA MIRA/HÉCTOR ESTRADA/ULTIMÁTUM
Hace un año se le dio por muerto tras una ejecución en Querétaro, pero el pasado mes de julio reapareció y fue detenido en Mérida. Se trata de Justo Aurelio Rivera Parrazales, señalado por las autoridades como presunto operador financiero del Cártel del Noreste y vinculado con una estructura empresarial utilizada para el lavado de dinero, cuya reaparición ha vuelto a dirigir las sospechas hacia Chiapas y hacia el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas.
Conocido como «El señor de los lamborghinis», Rivera Parrazales no es una pieza cualquiera dentro del rompecabezas que ha sacado a la luz graves irregularidades relacionadas con el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el crimen organizado y gobiernos estatales como el de Escandón Cadenas.
Justo Aurelio figura como uno de los principales operadores de empresas fantasma y estructuras dedicadas al lavado de dinero vinculadas con el crimen organizado durante el sexenio pasado. Todo ello mediante contratos y transacciones con recursos públicos que hasta la fecha continúan bajo investigación. Y es aquí donde Chiapas tiene implicaciones mayores.
Y es que, según una investigación periodística realizada por El Universal, Rivera Parrazales habría operado mediante empresas proveedoras de insumos, como Inmedicen, cuyo domicilio fiscal se encuentra registrado, nada más y nada menos, que en la capital del estado de Chiapas.
De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio, Inmedicen fue constituida en julio de 2015 en Tuxtla Gutiérrez como una empresa dedicada a la venta de equipo médico y de laboratorio. En el acta constitutiva, Rivera Parrazales aparece como propietario del 50 % de las acciones y fue designado administrador único de la sociedad.
Aunque ese mismo mes, en un aparente intento por disimular su participación, la asamblea de accionistas registrada ante el Registro Público de Comercio notificó que Rivera Parrazales habría renunciado a su cargo y a sus facultades dentro de la empresa, documentos posteriores revelaron que en realidad continuó firmando contratos como representante legal de la compañía.
Así, la empresa se mantuvo prácticamente sin transacciones relevantes registradas hasta 2019, justo un año después del inicio de la administración de Escandón Cadenas, cuando obtuvo su primer gran contrato con el Gobierno de Hidalgo por una cifra superior a los 255 mil 200 pesos para la adquisición de equipo médico y de laboratorio destinado al Hospital Integral de Zimapán.
Y las adjudicaciones con esa entidad no pararon. Para 2020, la cifra ya superaba los 23 millones de pesos, tan solo con la Secretaría de Salud hidalguense. Los tiempos de pandemia se convirtieron en el pretexto perfecto para la adjudicación de contratos directos y negocios redondos, entre los que Chiapas y el gobierno de Rutilio Escandón no fueron la excepción.
Según consta en reportes financieros emitidos por la Universidad Intercultural de Chiapas, como organismo perteneciente al Gobierno del Estado, Inmedicen fue reconocida oficialmente como proveedora durante 2019. A la empresa, hoy bajo investigación judicial, el gobierno de Rutilio Escandón le otorgó un contrato por casi medio millón de pesos.
La cercanía que mantenía Inmedicen, vinculada con Rivera Parrazales, con la administración de Escandón Cadenas en Chiapas también se reflejaba en que la compañía fungía como «aliada estratégica» de otro organismo perteneciente al Gobierno del Estado: la Universidad Politécnica de Chiapas, que dejó constancia de los vínculos establecidos con esa firma de insumos médicos y farmacéuticos en documentos oficiales.
En esa misma documentación, la universidad detalla que «gracias a su alianza estratégica con Industrias Médicas del Centro (Inmedicen) se obtuvo en donación equipo médico como incubadoras, cunas térmicas y camas, con el objetivo de reforzar el aprendizaje de los jóvenes con tecnología de punta para desarrollar diversos proyectos».
Y por si hubiera dudas, los vínculos entre Inmedicen y Justo Aurelio Rivera Parrazales, detenido por sus presuntos nexos con el Cártel del Noreste y el grupo delictivo La Barredora, también pueden corroborarse en un contrato suscrito entre esa empresa y el Gobierno de Hidalgo el 19 de diciembre de 2019, identificado con la clave EML-433-2019, cuya carátula establece lo siguiente:
«Contrato de adquisición de bienes que celebran por una parte Servicios de Salud de Hidalgo, representado por el Mtro. Ignacio Valdez Benítez, en su carácter de subdirector general de Administración y Finanzas de Servicios de Salud de Hidalgo, a quien en lo sucesivo se le denominará ‘los Servicios’, y por la otra parte la persona moral ‘Inmedicen, S.A. de C.V.’, representada legalmente por el C. Justo Aurelio Rivera Parrazales, a quien en lo sucesivo se le denominará ‘el proveedor’, y cuando se haga referencia a ambos se les denominará ‘las partes’.»
Al final, si las autoridades federales logran probar sus señalamientos contra Rivera Parrazales y se confirma ante las instancias judiciales competentes que el empresario, en efecto, fungía como operador financiero de grupos delictivos, entonces inevitablemente tendría que abrirse una línea de investigación hacia los gobiernos estatales que no solo mantuvieron contratos institucionales con su empresa, sino que, de manera sospechosa, pudieron haber facilitado su crecimiento repentino.
Y es que, si bien las referencias a presuntos vínculos con operadores cercanos a Adán Augusto López Hernández y las menciones sobre estructuras que habrían operado desde Chiapas para realizar negocios con otras entidades todavía no constituyen una sentencia judicial, sí representan una línea de investigación lo suficientemente seria como para exigir que las autoridades federales profundicen en ella sin excepciones ni consideraciones políticas.
Porque, si una empresa relacionada con un presunto operador financiero del crimen organizado logró establecer contratos con instituciones públicas, la pregunta ya no es únicamente quién firmó los convenios. Las verdaderas preguntas son: quién revisó a los proveedores, quién autorizó los procedimientos, quién supervisó el origen de las empresas y quién decidió que esos contratos podían celebrarse sin advertir ningún riesgo.
En ese contexto, también resulta inevitable que las investigaciones alcancen a quienes encabezaban el sector salud durante aquellos años. José Manuel Cruz Castellanos aparece nuevamente en el radar, no porque exista hasta ahora una imputación directa en este caso, sino porque las operaciones bajo revisión corresponden precisamente al ámbito que estuvo bajo su conducción y porque diversos actores políticos han señalado su cercanía con figuras turbias de aquel momento.
Porque quizá la detención de Justo Aurelio Rivera Parrazales no sea el final de esta historia. Quizá apenas sea la puerta de entrada hacia una red mucho más amplia, donde el lavado de dinero y los recursos públicos pudieron cruzarse bajo la sombra de gobiernos que hoy guardan silencio frente a una serie de acusaciones y evidencias cada vez más graves… así las cosas.
