COLABORACIÓN INVITADA/SR. SMITH/ULTIMÁTUM
En política, las palabras importan. Pero los hechos pesan mucho más.
La secretaria nacional de Morena, Citlalli Hernández, aseguró recientemente que los recorridos de los aspirantes de su partido no constituyen actos anticipados de campaña porque, según dijo, «no estamos llamando al voto». La explicación pretende reducir la legislación electoral a una fórmula casi infantil: mientras nadie pronuncie la frase «vota por mí», todo lo demás estaría permitido.
La realidad es bastante distinta.
Desde hace meses, Morena mantiene una estrategia permanente de posicionamiento político mediante asambleas informativas, brigadas para «defender la soberanía nacional», recorridos territoriales, reuniones vecinales y eventos encabezados por quienes, casualmente, aspiran a ser candidatos en el próximo proceso electoral.
Formalmente no piden el voto.
Materialmente sí construyen el voto.
Y todos lo saben.
La promoción personalizada no comienza el día que inicia una campaña. Empieza mucho antes, cuando un aspirante recorre colonias, reparte propaganda, aparece diariamente en redes sociales, encabeza reuniones y busca que su nombre permanezca presente en la conversación pública durante meses o incluso años.
Morena encontró una fórmula sencilla: cambiarle el nombre a las campañas.
Ya no son campañas.
Ahora son «asambleas informativas».
No son brigadas electorales.
Ahora son brigadas para defender la soberanía.
No son precandidatos.
Son «promotores» o «coordinadores».
El fondo, sin embargo, permanece intacto.
La estrategia tampoco es nueva. Durante décadas el PRI perfeccionó mecanismos similares utilizando jornadas sociales, informes, eventos institucionales y organizaciones territoriales para mantener en campaña permanente a sus futuros candidatos sin llamarlos oficialmente candidatos.
Morena criticó durante años esas prácticas.
Hoy las reproduce con notable eficacia.
Quizá con una diferencia: antes las denunciaban; ahora las justifican.
Citlalli Hernández sostiene que simplemente hacen activismo político. Nadie cuestiona el derecho de los partidos a organizarse. Lo que resulta discutible es utilizar estructuras partidistas permanentes para posicionar electoralmente a personajes específicos mientras los demás actores políticos permanecen sujetos a restricciones legales. Porque, al final, la ventaja ya está construida cuando comienza la campaña constitucional.
La narrativa oficial insiste en que todo ocurre dentro de la legalidad.
Puede ser.
Pero la discusión no solamente es jurídica.
También es ética.
Si el espíritu de la ley busca garantizar equidad en la competencia electoral, difícilmente puede sostenerse que recorrer un estado durante un año completo promoviendo una figura pública no genere ventajas frente a quienes esperan los tiempos oficiales.
La vieja política solía decir: «hecha la ley, hecha la trampa». La nueva política parece haber actualizado la frase.
Hecho el discurso, hecha la justificación.
Morena llegó prometiendo ser distinto. Hoy, en muchos aspectos, parece haber perfeccionado las herramientas que durante décadas atribuyó al viejo régimen. Se parece muchísimo a una campaña. Trabaja todos los días para obtener un voto que dice no estar pidiendo.
Y esa diferencia, más que jurídica, parece simplemente semántica.
