COLABORACIÓN INVITADA/SR. SMITH/ULTIMÁTUM
Durante décadas, la Escuela Normal Rural Mactumatzá ha construido un discurso de resistencia. Ha denunciado abusos, ha salido a las calles para exigir justicia, ha acusado persecuciones y ha reclamado respeto a sus derechos. En más de una ocasión, buena parte de la sociedad chiapaneca ha acompañado esas causas porque ninguna institución está por encima de la ley.
Pero hoy el conflicto ya no enfrenta a la Mactumatzá con el Estado.
Hoy la Mactumatzá está enfrentada consigo misma.
Lo verdaderamente grave de las denuncias conocidas en los últimos días es que ya no provienen de funcionarios, ni de policías, ni de adversarios políticos. Provienen de padres de familia y de estudiantes que decidieron romper el silencio para denunciar lo que, aseguran, ocurre al interior de la propia Normal.
La narrativa cambió por completo.
Primero fueron cinco denuncias que motivaron la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado. Después, según los propios denunciantes, la cifra creció a más de quince estudiantes.
Y mientras aumentan las denuncias, también aumentan los testimonios.
Privación del sueño durante varios días.
Restricción de agua y alimentos.
Humillaciones.
Castigos físicos.
Incomunicación al retirarles sus teléfonos celulares.
Presuntas amenazas contra quienes denuncian.
Y ahora, incluso, estudiantes hospitalizados.
Si todo eso se acredita, ya no estamos hablando de una «tradición estudiantil». Estamos frente a hechos que podrían constituir delitos.
Durante años, las llamadas «novatadas» fueron justificadas bajo el argumento de que forman parte del proceso de integración de las normales rurales.
Pero ninguna tradición tiene patente de impunidad.
No existe costumbre que pueda colocarse por encima de los derechos humanos.
No existe autonomía estudiantil que permita someter a una persona a condiciones degradantes.
No existe lucha social que autorice la violencia contra los propios compañeros.
El caso resulta todavía más delicado porque las propias víctimas describen un patrón que parece repetirse generación tras generación.
El padre de familia José Núñez fue contundente durante su segundo pronunciamiento público.
«No es novatada, es martirio.»
La frase resume el tamaño del problema.
Más aún cuando denunció que, conforme aumentan las quejas públicas, también aumentan los castigos contra quienes permanecen dentro del plantel.
Si esa afirmación resulta cierta, significaría que algunos integrantes de los comités estudiantiles no solamente estarían intentando preservar estas prácticas, sino castigando a quienes se atreven a exhibirlas.
Y entonces aparece otra paradoja.
Una institución que históricamente ha denunciado violaciones a los derechos humanos hoy enfrenta acusaciones precisamente por violentar derechos humanos.
La contradicción es enorme.
Porque quien exige respeto debe empezar por respetar.
Porque quien reclama justicia no puede construir injusticias hacia adentro.
Porque quien combate el abuso no puede normalizar el abuso.
Otro aspecto que llama la atención es el perfil de las presuntas víctimas.
Muchos provienen de comunidades indígenas y de familias de escasos recursos.
Padres que hicieron enormes sacrificios para que sus hijos ingresaran a una escuela pública con la esperanza de convertirse en maestros.
No los enviaron para ser sometidos.
Los enviaron para estudiar.
El propio denunciante pidió que no se condene a toda la institución.
Su exigencia fue clara: investigar a los responsables de los comités estudiantiles que, presuntamente, ejercen estas prácticas.
Ese matiz también es importante.
No se trata de desaparecer una Normal Rural.
Se trata de impedir que grupos internos impongan reglas propias al margen de la ley.
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado ya anunció investigaciones y confirmó la existencia de denuncias formales.
Ahora corresponde que esas indagatorias lleguen hasta donde deban llegar.
Sin cálculos políticos.
Sin presiones ideológicas.
Sin privilegios para nadie.
Porque si mañana se confirma que hubo tortura, lesiones, privación ilegal de la libertad o cualquier otro delito, las responsabilidades deberán ser individuales.
Ni el prestigio histórico de la Mactumatzá puede convertirse en escudo.
Ni su papel en los movimientos sociales puede servir como patente de impunidad.
La defensa de los derechos humanos comienza en casa.
Y hoy quienes durante años denunciaron abusos del poder tienen la oportunidad de demostrar que también están dispuestos a erradicar los abusos cuando nacen dentro de sus propias filas.
La mayor prueba de congruencia para la Mactumatzá ya no está afuera.
Está dentro de sus propios muros.
