COLABORACIÓN INVITADA/Sr. Smith/Ultimátum
En Chiapas se habla mucho de transformar el transporte, pero hay una pregunta inevitable: ¿cuándo llegará el día en que la ley deje de ser una recomendación y se convierta en una regla que todos tengan que cumplir?
Los transportistas organizados de Tuxtla Gutiérrez volvieron a poner el dedo en la llaga. Denuncian que más de 15 mil vehículos utilizados como taxis mediante aplicaciones y decenas de unidades de transporte colectivo circularían sin concesión o permiso, mientras la Secretaría de Movilidad y Transporte mantiene pendiente la aplicación de las disposiciones que deberían regular su operación.
No es solamente una discusión entre taxis tradicionales y plataformas digitales. El debate de fondo es mucho más sencillo: ¿quién cumple la ley y quién no? Si existe una legislación que regula el transporte, todos deberían someterse a ella. Todos deben cumplir por igual y quien no lo haga debe enfrentar las consecuencias. Eso es legalidad. Eso es Estado de derecho.
Y aquí aparece una pregunta que debería responder la Secretaría de Movilidad y Transporte, encabezada por Albania González Pólito: ¿qué está impidiendo que se cumpla la ley?
Los transportistas aseguran que desde hace aproximadamente un año existe un decreto aprobado por el Congreso del Estado para regular los vehículos vinculados con plataformas digitales. Sin embargo, sostienen que los operativos no han sido suficientes.
Los inconformes afirman que la Secretaría enfrenta 22 amparos promovidos por empresas de transporte mediante aplicaciones y que habría perdido entre 18 y 19. Si esa información es correcta, la pregunta es inevitable: ¿qué espera la autoridad para actuar donde jurídicamente ya no exista impedimento?
El transporte público no puede convertirse en una zona gris permanente. No puede existir un régimen para quien paga refrendos y cumple requisitos, mientras enfrente circulan vehículos que, según los denunciantes, prestan el mismo servicio sin las mismas obligaciones.
Y esto también tiene que ver con el usuario. ¿Quién garantiza al pasajero que está cubierto? ¿Quién verifica al conductor? ¿Quién supervisa las condiciones de la unidad? ¿Quién responde ante una tragedia?
La modernización no consiste únicamente en permitir nuevas formas de movilidad. También significa regular mejor: tener un padrón actualizado, saber cuántos vehículos prestan servicio, quiénes son sus operadores, dónde circulan y qué seguros tienen.
Y precisamente ahí aparece otra denuncia. Los transportistas aseguran que las rutas 61 y 30 dejaron de operar después de un operativo, pero posteriormente habrían regresado a las calles el 5 de agosto. Los inconformes sostienen que algunas unidades vuelven a circular cuando la titular de la Secretaría sale del estado.
Si eso ocurre, la pregunta es obligada: ¿quién manda cuando la secretaria no está?
Una Secretaría de Estado no puede depender de la presencia física de su titular para que se cumpla la ley. Las instituciones deben funcionar todos los días, con o sin su titular. Y si funcionarios de menor rango permiten aquello que la titular ordenó impedir, entonces no estamos solamente ante un problema de transporte: estamos ante un problema de control institucional.
Y eso sí debería preocuparle a Albania González Pólito.
Los transportistas señalan además que existen funcionarios que presuntamente permiten que determinadas unidades vuelvan a operar. La acusación es grave, pero puede investigarse: revisar los operativos, comparar las listas de unidades detenidas, verificar cuáles regresaron, quién autorizó su retorno y quién omitió actuar. Si alguien actuó fuera de la ley, que responda.
También presentaron documentos que, según afirman, mostrarían acuerdos privados entre organizaciones y socios de determinadas rutas para autorizar unidades sin el aval oficial de la Secretaría. De comprobarse, sería particularmente delicado.
Ninguna organización gremial debería sustituir a la autoridad. Sindicatos, cooperativas y agrupaciones pueden defender a sus integrantes, pero no pueden convertirse en una Secretaría paralela, decidir quién circula u otorgar permisos que corresponden al Estado.
Tampoco puede la autoridad permitir que esos acuerdos terminen imponiéndose de facto. Porque entonces el problema ya no sería únicamente el pirataje: sería la pérdida de autoridad del Estado.
Y aquí conviene hacer una distinción. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha colocado como uno de los ejes de su administración el combate a la corrupción y el restablecimiento del orden institucional. Por eso, en este caso, el cuestionamiento no tendría por qué dirigirse al gobernador.
Al contrario: la Secretaría de Movilidad y Transporte tiene la oportunidad de demostrar que está a la altura de esa transformación.
Albania González Pólito tiene frente a sí una oportunidad: ordenar un sector que durante años ha acumulado intereses, prácticas irregulares, conflictos entre organizaciones e invasiones de rutas.
Tuxtla Gutiérrez necesita transporte moderno, eficiente y seguro. Pero también necesita transporte legal. Y la legalidad no puede ser negociable.
