COLABORACIÓN INVITADA/SR. SMITH
Hay políticos que presumen honestidad, hablan de valores, defienden a la familia y hasta se presentan como ejemplo de responsabilidad pública. Pero existe una contradicción que debería ser suficiente para descalificar moralmente a cualquiera que aspire a representar a los demás: ser un padre irresponsable.
Porque no hay peor político que aquel que exige que el Estado cumpla sus obligaciones mientras él evade las que tiene con sus propios hijos.
La declaración del presidente del Poder Judicial de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, coloca sobre la mesa una realidad que durante años ha permanecido escondida detrás de expedientes, demandas y burocracia: hay personas que tienen que ser llevadas ante un juez para obligarlas a cumplir con algo tan elemental como alimentar, vestir, educar y procurar a sus propios hijos.
Y eso es motivo suficiente de vergüenza como sociedad.
Tener hijos no es un acto que termine en el momento en que una pareja se separa. La relación sentimental puede terminar; la responsabilidad parental, no. Un padre puede dejar de vivir con sus hijos, puede rehacer su vida, formar otra familia o incluso perder cualquier vínculo afectivo con la madre o el padre de sus hijos, pero no puede renunciar a la obligación de procurar su bienestar.
Lo dijo Moreno Guillén con una claridad que vale la pena recuperar: si alguien decidió tener hijos, lo mínimo es contribuir a sostenerlos durante la etapa primaria de su desarrollo. No hace falta demandar a un padre para que cumpla.
Pero la realidad obliga a hacerlo. Y cuando la obligación básica de un padre necesita convertirse en una sentencia judicial, algo está profundamente roto.
Por eso resulta relevante que el Congreso de Chiapas haya aprobado una reforma que establece nuevos candados para quienes mantienen deudas alimentarias. Quien pretenda ser candidato a un cargo de elección popular deberá acreditar que no es deudor alimentario; la misma condición aplicará para quienes aspiren a ocupar determinados cargos públicos.
La lógica es sencilla: si una persona no puede hacerse responsable de sus propios hijos, ¿por qué habría de recibir la confianza para administrar recursos públicos, tomar decisiones que afectan a miles de personas o representar a una comunidad?
No se trata de una cuestión menor ni de una persecución contra quienes tienen problemas económicos. El propio sistema jurídico contempla procedimientos para determinar las obligaciones y las circunstancias de cada caso. El punto es otro: quien ha sido reconocido como deudor alimentario y deliberadamente incumple no debería encontrar en la política una puerta de escape.
Durante demasiado tiempo la política ha permitido una paradoja vergonzosa: personas con discursos sobre justicia, bienestar y protección de las familias pueden enfrentar señalamientos por incumplir precisamente aquello que predican.
Ahora la deuda alimentaria puede convertirse en un obstáculo real para llegar al poder. Y quizá sea exactamente lo que hacía falta.
Porque una candidatura no solamente se mide por la capacidad de pronunciar discursos, movilizar estructuras, conseguir votos o tener padrinos políticos. Hace falta, también, una mínima revisión de la conducta personal de quienes pretenden ejercer funciones públicas. No significa exigir vidas perfectas. Significa exigir responsabilidades elementales.
La reforma incluso contempla otro candado: quien tenga una deuda alimentaria no podrá transmitir determinados bienes inmuebles sin acreditar que está al corriente. Es decir, el patrimonio tampoco podrá utilizarse como mecanismo para evadir una obligación que corresponde directamente al bienestar de los hijos.
El mensaje es contundente: primero los hijos, después los intereses personales.
Y aquí aparece una reflexión particularmente incómoda para la clase política. ¿De qué sirve hablar de transformación, justicia social, protección de las familias y derechos de la infancia si existen funcionarios o aspirantes que no cumplen con sus propias obligaciones familiares? La congruencia también tendría que ser un requisito para gobernar.
Un político puede equivocarse en una decisión administrativa, puede cambiar de opinión, puede perder una elección e incluso puede fracasar en una responsabilidad pública. Pero cuando hablamos de hijos, el asunto adquiere otra dimensión. La infancia no puede esperar a que un adulto decida cuándo le conviene cumplir.
