JOSÉ ADÁN ALTÚZAR FIGUEROA / ULTIMÁTUM
En Chiapas, hablar del sindicalismo magisterial no es referirse únicamente a una organización gremial: es entrar al terreno donde se cruzan la educación pública, la movilización social, la disputa presupuestal y la gobernabilidad política. Desde diciembre de 1979, cuando Tuxtla Gutiérrez se convirtió en punto de referencia para el nacimiento de la (CNTE), el magisterio chiapaneco dejó claro que su fuerza no se limita a las aulas.
Un poder sindical con peso propio
El sector educativo concentra una de las mayores fuerzas laborales organizadas del estado. En ese universo conviven dos grandes vertientes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación: la Sección 7, históricamente vinculada a la CNTE y al personal federalizado, y la Sección 40, correspondiente al sistema educativo estatal. A ellas se suman sindicatos independientes que, aunque menos numerosos, también participan en la disputa por recursos, plazas y representación.
La sección 7 aglutina a mas de 60 mil maestras y maestros identificado como personal federalizado, mayoritariamente identificado en la CNTE. Y la sección 40 con casi 30 mil agremiados en el sistema educativo estatal, de los cuales algunos miembros están identificados con la CNTE, a través de la Asamblea Estatal Democrática.
Malos manejos: la sombra financiera
Los señalamientos de malos manejos financieros en torno al sindicalismo magisterial en Chiapas forman una red de acusaciones cruzadas entre las cúpulas sindicales, el gobierno del estado y los propios docentes de las bases.
La Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 mantiene una exigencia constante para esclarecer un presunto desfalco que oscila entre los 2,000 y 2,700 millones de pesos dentro del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH).
• Los docentes acusan que el instituto se utilizó históricamente como una «caja chica» institucional.
• Las consecuencias directas denunciadas por los maestros son el severo desabasto de medicamentos y la falta de especialistas médicos.
1. Opacidad en cuotas, Cajas de Ahorro y Seguros de Vida
Las estructuras financieras internas administradas por las dirigencias sindicales son el foco principal de las protestas de las bases docentes:
• Falta de rendición de cuentas: Bloques de docentes disidentes exigen auditorías urgentes a la Secretaría de Finanzas de la Sección 40 ante lo que denominan un «oscurantismo financiero», demandando fiscalizar el destino exacto de las cuotas sindicales y los fondos del seguro de vida.
• Fraudes en la Caja de Ahorro: Integrantes de las Bases Magisteriales Organizadas (BAMOS) han acudido a la Fiscalía General del Estado para presionar la judicialización de carpetas de investigación por el presunto desvío y fraude en las cajas de ahorro magisteriales.
2. Pagos a «fantasmas» y docentes fallecidos
Las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Educación de Chiapas detectaron un desorden administrativo de administraciones previas que involucra directamente el contubernio con el sistema de plazas sindicales:
• Se destaparon pagos indebidos por casi 35 millones de pesos a personas fallecidas(maestros y jubilados adscritos al sistema educativo).
• También se detectó el desvío y uso incorrecto de becas, así como la asignación ilegal de salarios de directivos a docentes que no ejercían funciones de supervisión.
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La relación perniciosa con el poder
Lo más delicado no está solo en las cifras ni en los expedientes pendientes, sino en la relación política que durante décadas se ha construido entre gobiernos y dirigencias sindicales. Chiapas ha vivido una especie de pacto no escrito: paz social a cambio de concesiones, movilización contenida a cambio de espacios, presión callejera a cambio de mesas de negociación y recursos.
La perversidad de este vínculo se manifiesta a través de dinámicas muy arraigadas:
1. El control de plazas como moneda de cambio (Charrismo y Bilateralidad)
• Paz social por impunidad: Los gobiernos estatales han cedido tradicionalmente el control de las plazas, ascensos, contratos interinos y cambios de adscripción a las dirigencias sindicales de la Sección 7 (CNTE) y la Sección 40 (SNTE). A cambio, las cúpulas sindicales garantizan desactivar protestas masivas o «administrar» la gobernabilidad del estado.
• Simulación institucional: Aunque normativas federales pretenden regular las promociones docentes (mediante órganos como el USICAMM), las bases magisteriales denuncian constantemente que los procesos reales siguen pactándose de forma bilateral en mesas de negociación política y no bajo criterios de mérito académico.
2. Secuestro de la educación y el ciclo de la movilización-negociación
• Uso de la niñez como rehén: Las demandas gremiales (salarios, basificaciones o la derogación total de reformas educativas) se presionan mediante paros indefinidos de labores y bloqueos. Esto fuerza al gobierno del estado y a la Secretaría de Gobernación a instalar mesas tripartitas de negociación urgentes para liberar las vías de comunicación.
• Legitimación de la violencia interna: Esta relación promueve que las autoridades toleren actos vandálicos, hostigamiento o agresiones humillantes (como el rapado público a maestros disidentes que deciden trabajar en lugar de marchar). Al no aplicar la ley para evitar un conflicto mayor con el gremio, el Estado convalida de facto la impunidad sindical.
Ultimátum
El gobierno en turno habla de diálogo respetuoso, y ese camino siempre será preferible al choque abierto. Pero el verdadero desafío consiste en romper el círculo de dependencia política: ni el gobierno puede seguir administrando la educación como moneda de gobernabilidad, ni el sindicalismo puede conservar legitimidad si no transparenta sus recursos y asume que la defensa laboral no debe hacerse a costa de niñas, niños y familias.
En suma, el sindicalismo magisterial chiapaneco sigue siendo una fuerza social imprescindible para entender la política local. Pero también es una estructura obligada a revisarse por dentro. La educación no puede seguir siendo rehén de pactos políticos ni de cuentas sin aclarar. Por el momento, es cuánto.
