BALANZA LEGAL/RODOLFO LUIS CHANONA SUÁREZ
La democracia mexicana se ha enfrentado por décadas a una paradoja que rara vez se discute en los foros públicos; ya que, mientras el discurso oficial presume avances en materia de justicia electoral, la arquitectura normativa para sancionar a servidores públicos que condicionan programas sociales con fines electorales sigue anclada en un diseño institucional obsoleto que contradice los principios más elementales del derecho electoral como la legalidad, la imparcialidad y la equidad.
El reciente estudio de derecho comparado realizado de las 32 legislaciones electorales locales, nos revela una verdad incómoda, en veinticinco entidades federativas, la facultad para sancionar a un funcionario público que utiliza programas sociales para coaccionar el voto recae en su propio superior jerárquico; inclusive la legislación federal reproduce el mismo patrón. El aforismo jurídico que reza «nadie puede ser juez y parte» parece no aplicar cuando se trata de proteger la pureza del sufragio.
Imaginemos la siguiente escena “Un director de Desarrollo Social instruye a sus subalternos para condicionar la entrega de despensas a cambio de votos. Si el subordinado es denunciado, será el propio director —quien probablemente orquestó la operación— quien determine si hay lugar a sanción”. Este diseño normativo, lejos de ser una anomalía, a constituido hasta la fecha, la regla general en el sistema electoral mexicano.
El caso de Guanajuato emerge como la excepción que confirma la regla. Su legislación otorga facultades sancionadoras directas al Instituto Electoral local y al Tribunal Electoral, convirtiéndolo en el único estado donde la autoridad electoral puede imponer sanciones a un servidor público por el condicionamiento de un programa social, como la destitución o inhabilitación hasta por tres años. Contrasta con entidades como Aguascalientes, Morelos o Veracruz, donde la ley ni siquiera especifica qué autoridad debe conocer de estas infracciones.
El estudio también evidencia una preocupante ausencia de litigios en la materia. Tanto en Chiapas como en Guanajuato —estados con diseños normativos antagónicos— no se registraron procedimientos sustanciales por condicionamiento de programas sociales durante casi una década. ¿Qué explica esta paradoja? La respuesta probablemente se encuentra en la arraigada cultura clientelar que permea el imaginario colectivo mexicano.
Para amplios sectores de la población, los programas sociales no se perciben como derechos universales sino como concesiones discrecionales del gobierno. Esta construcción social, forjada durante décadas, ha normalizado el intercambio político informal donde el voto se convierte en moneda de cambio para acceder a bienes básicos como alimentación o salud. Los operadores ciudadanos y redes clientelares han institucionalizado estas prácticas, haciendo que la ciudadanía las asuma como parte del paisaje político.
El diagnóstico no podría ser más desolador, tenemos leyes que, en el papel, prohíben el condicionamiento de programas sociales, pero un diseño procesal que entrega la llave sancionadora al propio infractor o a su superior jerárquico. Un sistema que, en la práctica, desalienta las denuncias y perpetúa la impunidad.
La solución no requiere inventar el hilo negro. Basta con mirar la experiencia guanajuatense y trasladar las facultades sancionadoras a los órganos electorales profesionales que cuentan con la capacidad técnica, jurídica y humana para sustanciar estos procedimientos con imparcialidad.
México no puede seguir permitiendo que la justicia electoral dependa de la discrecionalidad jerárquica. La democracia no es un juego de simulación normativa, sino un ejercicio de rendición de cuentas efectiva. Mientras los legisladores no asuman el compromiso de homologar las reglas sancionadoras hacia arriba —fortaleciendo a los órganos electorales locales— seguiremos asistiendo al espectáculo de un sistema que castiga al pez pequeño mientras protege al tiburón que orquesta la operación.
La próxima vez que un funcionario público utilice un programa social como moneda de cambio electoral, recordemos que el diseño institucional probablemente lo protegerá. Y esa, querido lector, no es una falla del sistema, es su característica fundamental. Cambiarla requiere voluntad política para enfrentar los intereses que han hecho de esta práctica una rentable inversión electoral.
