LO QUE NO SE NOMBRA, NO EXISTE/GELY PACHECO/ULTIMÁTUM
Hay días que merecen quedarse en la memoria colectiva no porque resuelvan de golpe las desigualdades que arrastramos durante generaciones sino porque nos recuerdan que hay causas capaces de reunirnos más allá de nuestras diferencias. El pasado domingo 18 de octubre las calles de Tuxtla Gutiérrez fueron escenario de una de esas jornadas históricas nos guste o no nos guste quedará plasmado en la memoria.
Miles de mujeres caminaron juntas. Distintas edades, trayectorias, militancias y maneras de entender la política confluyeron alrededor de una exigencia: ¡paridad ahora, ahora y sin demora!, ¡Si tocan la paridad, nos tocan a todas! y ¡Si tocan la paridad, respondemos con unidad! fueron algunas de las consignas que marcaron la movilización. Frente a ellas, una pregunta resulta inevitable: ¿qué significa que tantas mujeres hayan decidido ocupar las calles para defender una reforma que todavía enfrenta cuestionamientos jurídicos? Óigame pero lo cierto es que la respuesta no puede reducirse a una sola interpretación, a esa que tal vez usted esté pensando.
En los últimos días, la discusión pública se ha concentrado en la reforma electoral impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado el pasado 14 de septiembre. También se han cuestionado su diseño, el procedimiento legislativo, sus alcances y las posibilidades de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine modificar algunas de sus disposiciones.
Es legítimo examinar una ley. Ninguna iniciativa pública está exenta del escrutinio de la ciudadanía y toda reforma electoral debe sostenerse sobre bases constitucionales sólidas, reglas claras y certeza jurídica. La defensa de los derechos de las mujeres no está reñida con la exigencia de hacer bien las cosas y por el contrario, necesita ambas. Sin embargo, hay algo que no deberíamos perder de vista en medio de la controversia: una discusión sobre la técnica legislativa no puede convertirse en una razón para desestimar la desigualdad histórica que la reforma busca enfrentar.
Chiapas no parte de un piso parejo. Las mujeres han participado durante décadas en la vida comunitaria, en los partidos políticos, en las campañas y en las instituciones. Han hecho trabajo territorial, construido estructuras, defendido proyectos y ganado elecciones. Sin embargo, participar no siempre ha significado tener las mismas posibilidades de encabezar un ayuntamiento ni de ejercer el poder.
Por eso, la discusión sobre la paridad efectiva no debería quedarse en una disputa de nombres, partidos o coyunturas electorales. La pregunta de fondo es cómo rompemos las barreras que han mantenido a las mujeres lejos de determinados espacios de decisión. ¿Existen riesgos en cualquier mecanismo diseñado para corregir desigualdades? Sí. ¿Deben revisarse sus fundamentos constitucionales? Por supuesto. ¿Es necesario escuchar a quienes advierten problemas en su implementación? También. Pero esas preguntas no anulan otra, igual de importante: ¿cuánto tiempo más vamos a considerar aceptable que las mujeres sigan enfrentando obstáculos para llegar a gobernar?
La experiencia de otros estados muestra precisamente la complejidad de esta discusión. En Guerrero, la Suprema Corte invalidó disposiciones de una reforma que contemplaba candidaturas exclusivas para mujeres en veinte municipios, al analizar el diseño normativo y sus alcances. En San Luis Potosí también se han promovido acciones de inconstitucionalidad contra reformas electorales recientes. Estos antecedentes obligan a estudiar cada caso con seriedad; no permiten anticipar, por sí solos, cuál debe ser el desenlace de la reforma chiapaneca.
La Suprema Corte tendrá que resolver conforme a la Constitución. Mientras tanto, la ciudadanía tiene derecho a debatir, organizarse y expresar sus posiciones. Una cosa es reconocer la autonomía de las instituciones judiciales y otra muy distinta asumir que la discusión pública sobre los derechos políticos de las mujeres debe permanecer en silencio hasta que exista una sentencia. Sin embargo, hay algo más que me resulta profundamente lamentable. Después de una movilización de esta magnitud, después de ver las calles llenas de mujeres que caminaron, levantaron la voz y compartieron consignas, seguimos leyendo en redes sociales los mismos argumentos: que somos utilizadas, que alguien nos manipula, que detrás de nosotras hay siempre una mano que mueve los hilos.
Parece que, cuando las mujeres nos organizamos alrededor de una causa que incomoda o que no coincide con la interpretación de quienes observan desde fuera, nuestra voluntad deja de existir. Nos convertimos en marionetas, en instrumentos de alguien más, en mujeres incapaces de comprender el momento político que vivimos y de tomar nuestras propias decisiones.
¿De verdad seguimos pensando que las mujeres no tenemos criterio, conciencia ni voluntad propia? ¿Que no podemos identificar una coyuntura y aprovecharla para impulsar una agenda que llevamos años construyendo? ¿Que no podemos coincidir con una iniciativa, defender una causa o salir a las calles porque creemos que hay algo que vale la pena defender?
Lo paradójico es que, mientras exigimos que las mujeres sean reconocidas como sujetas políticas autónomas, seguimos reproduciendo argumentos que les niegan precisamente esa condición cuando actúan de una manera que no compartimos. Por supuesto que una movilización puede tener distintas motivaciones. Por supuesto que debemos analizar quién convoca, qué se defiende, cuáles son los intereses en juego y qué consecuencias tendrá una reforma. Pero nada de eso autoriza a concluir, sin escuchar a las participantes, que miles de mujeres salieron a la calle porque alguien les dijo que lo hicieran.
Las mujeres tenemos convicciones, diferencias, contradicciones y capacidad de organización. Tenemos memoria, causas pendientes y una larga historia de lucha. También sabemos reconocer las oportunidades políticas y utilizarlas para avanzar en nuestras propias agendas. Eso no nos hace ingenuas ni manipulables; nos hace participantes de la vida pública. Las causas sociales no dejan de ser legítimas porque ocurran en una coyuntura política.
Quizá una de las tareas pendientes del feminismo también sea esa: aprender a reconocer la agencia de las mujeres incluso cuando no coincidimos con todas sus decisiones. Podemos debatir la reforma, exigir rigor jurídico y mantener una postura crítica frente al gobierno sin despojar de voluntad a quienes hoy salieron a defender una causa porque si cada vez que las mujeres nos organizamos alguien responde que somos manipuladas, entonces el problema ya no es solamente la reforma que se discute. También es nuestra dificultad, todavía persistente, para aceptar que las mujeres podemos pensar, decidir y actuar por cuenta propia.
Lo que sí sería un error es que, en medio de la discusión, termináramos hablando de todo menos de las mujeres: de quién convocó, quién asistió, quién obtiene beneficios políticos o quién capitaliza la coyuntura, mientras dejamos en segundo plano la pregunta que dio sentido a la movilización: ¿por qué sigue siendo necesario construir mecanismos para que las mujeres accedan al poder en condiciones de igualdad?
Y quizá ese sea uno de los avances que no debemos minimizar. Las conquistas feministas rara vez llegan en línea recta. Se discuten, se cuestionan, se corrigen y se defienden. A veces avanzan mediante reformas; otras, mediante sentencias, organización ciudadana y presión colectiva. Ninguna de esas vías, por sí sola, garantiza que la igualdad se vuelva realidad.
La marcha de este 18 de octubre quedará como parte de la historia de esa lucha en Chiapas. No porque cierre el debate, sino porque muestra que hay mujeres dispuestas a participar en él y a exigir que sus derechos no se queden en el papel.Y cuando las mujeres salen juntas a defenderla, lo mínimo que merece su presencia es que dejemos de mirarlas como piezas de una disputa ajena y empecemos a escuchar lo que están diciendo.
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